El gobernador Oscar Herrera Ahuad dispuso el cese de extracción selectiva de madera por parte de la empresa
&list=PLuLMJJdHGE5ROOd85TVli1-EKiiYhB7pj&index=4" target="_blank" rel="noopener">Carba SA en territorio mbya.
Mediante el Decreto 710/22, publicado el 26 de mayo en el Boletín Oficial de Misiones, el primer mandatario dio lugar al recurso jerárquico presentado por la abogada Roxana Rivas, representante de las comunidades indígenas en las que interviene la firma, contra la resolución 515/20 del Ministerio de Ecología.
La medida, ahora revocada por Herrera Ahuad, habilitaba a realizar extracción de madera en los territorios de Yvy Chi, Ka’a Kupé, Ko’e Ju Miri, Tajy Poty y Ko’e Ju.
Con ello, el gobernador ordenó que se inicie “un proceso de consulta previa libre e informada con las comunidades”, dice el decreto, “a fin de demarcar en forma concreta la zona de exclusión del plan de manejo sostenible de manera consensuada y, de no ser posible, se establezca de manera fundada”.
Es que, según el reclamo de los indígenas, no se realizó el estadío de consulta previo que exige la ley y tampoco se respetó el territorio habilitado para realizar la extracción.
Frente a esta situación, el gobernador resolvió “suspender la actividad de los rodales 16 y 17”, los cuales se encuentran cercanos a la aldea Yvy Chi, ubicada en la ruta provincial 7, en el valle del Cuña Pirú. Asimismo, se mantiene la suspensión de las actividades en los rodales 7 y 8.
“Un antecedente”
Por su parte, la letrada Roxana Rivas celebró la medida dispuesta por Oscar Herrera Ahuad y destacó que “es una noticia inesperada y una sorpresa agradable y gratificante”, le dijo a La Voz de Misiones, “porque es la concreción de los reclamos que venimos haciendo y la respuesta a los planteos que fuimos haciendo en estos recursos”.
Es que, de la mano de la abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), las comunidades del Valle del Cuñá Pirú comenzaron a levantar la voz en mayo de 2020, cuando el entonces ministro y actual diputado provincial
Mario Vialey habilitó el plan de manejo presentado por la empresa Carba.
En aquellas presentaciones, “hicimos hincapié en la violacion al derecho a consulta y al intento de emboscar a los caciques y a las comunidades yendo a buscarlos de un día para el otro, no permitiéndoles un asesoramiento y sin respetar sus tiempos ni modos, ni siquiera su idioma”, indicó Rivas.
Asimismo, la abogada adujo que el decreto gubernamental se trata de “una lectura muy amplia de lo que es el expediente administrativo”, ya que “se hace mención a cada supuesta consulta del Ministerio de Ecología en la que ellos dicen que se cumplió y se van observando los incumplimientos y las irregularidades, es decir, se leyó el expediente de punta a punta”, resaltó.
Además, la resolución de Herrera Ahuad “hace mucho hincapié a la violación de estos derechos de los pueblos”, con lo cual “el gobernador dice que la consulta es un proceso en el que se deben respetar los modos, las formas, las costumbres de los pueblos indígenas y que se debe hacer en el marco de un diálogo intercultural, lo que significa que hay que bajar nuestras propias estructuras occidentales para entender la cultura y comunicarnos desde ahi y buscar el consenso”.
“Este punto es importante porque es una obligación del Estado pero no es vinculante, entonces se hacía la formalidad del llamado a consulta y con el solo cumplimiento de la formalidad, la decisión final la tomaba el Estado, entonces este es un paso más”, indicó a LVM.
De esta forma, el decreto “es relevante porque se construye un antecedente local y vemos que se respeta el derecho indígena”, dijo la representante legal y cerró, esperanzada: “Esperemos que en adelante esto se pueda aplicar en las decisiones de la Justicia y de la administración pública”.
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