La Justicia frena tala de bosque en territorio de la comunidad Ka’a Kupe
La Justicia hizo lugar a un pedido de amparo de la comunidad Ka’a Kupe, por lo cual la empresa que realiza planes de manejo del bosque en su territorio deberá frenar sus operaciones hasta tanto se resuelva el recurso.
“Este pedido de amparo busca proteger el monte, que en el fondo es un bien para toda la provincia y la humanidad”, destacó en un comunicado el Equipo Misionero de Pastoral Aborígen, quienes trabajan con las comunidades de la zona.
“Es evidente que esta gestión del Ministerio de Ecología retrocedió diez años en la solución de conflictos entre particulares y las comunidades”, apuntaron, y agregaron: “Su direccionamiento político es buscar dividir a las comunidades y para lograrlo no tiene reparos en incumplir con los deberes de funcionario público”.
El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, al que accedió La Voz de Misiones, resuelve hacer lugar al pedido de prohibición de innovar realizado por Ka'a Kupe y ordena "la inmediata suspensión provisional de la Resolución 411/19" de Ecología que habilitó a la empresa Carba a intervenir el bosque.
En este sentido, la Justicia dispuso detener el plan de manejo sostenible "y con ello la tala de bosque en el lote 7-b", ubicado en jurisdicción de Campo Grande. En tanto, se indicó que la medida regirá "hasta tanto se resuelvan los recursos introducidos por la comunidad mbya guaraní en instancia administrativa".
Larga disputa
La discusión por estas tierras está vigente desde abril de 2019, cuando las siete comunidades originarias de la zona denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de tierras que consideran sagradas.
En febrero de este año se desató la polémica luego de que referentes de varias aldeas protestaron frente a los tractores para que estos no avanzaran sobre la selva.
La zona afectada -un área natural de 5.000 hectáreas que se encuentra dentro de los territorios relevados y protegidos por la ley 26.160- corresponde a la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. Además, también se encuentran afectadas las comunidades Koen Ju e Yvy Chi.
Luego de los sucesos de febrero, a lo que se suma otra tala en enero, a principios de mayo las máquinas estuvieron trabajando en un sector denominado lote 5b.
Las tres comunidades participaron del proceso administrativo que autorizó el desmonte, denunciando siempre la violación de sus derechos a consulta pública sin que fueran oídos.
Se interpuso un recurso de reconsideración contra la autorización del gobierno provincial a que se realice el desmonte, “el que según nuestras normas tiene efecto suspensivo”, recalcaron desde la aldea en la oportunidad. No obstante, en pleno aislamiento obligatorio, la empresa continuó con el desmonte.