Ministerio de Ecología permite tala de árboles en territorio ancestral mbya
El desmonte fue denunciado por tres comunidades en abril de 2019. Ayer, un aborigen quiso sacarle una foto a un hombre que talaba un árbol, quien le apunto con una escopeta y lo amenazó de muerte.
CAMPO GRANDE. En las últimas horas, salió a la luz una nueva denuncia de la comunidad mbya guaraní Ka’a Kupe, ubicada en el municipio de Campo Grande.
La comunidad viene hace años luchando para que se reconozca su propiedad sobre la tierra y que se detenga la tala de árboles nativos por parte de la empresa Carba, lo cual fue autorizado por Ecología en los últimos meses.
El último conflicto suscitado en torno a la problemática fue informado por la propia comunidad en un comunicado, en el cual sostienen que, alrededor de las 9 de la mañana de este lunes, un joven miembro de la aldea -identificado como Roberto Duarte (22)- fue a recorrer el territorio, “cuando encontró a un supuesto empleado de la empresa Carba SA cortando árboles con motosierra”.
Asimismo, agregaron que, cuando Duarte le preguntó qué hacía, al tiempo que pretendía sacarle una foto con su celular, el presunto trabajador lo amenazó a los gritos: “¡Si me sacás una foto te pego un tiro en la cabeza!”.
De esta forma, aseguraron estar “desprovistos de toda protección judicial”, víctimas de “una policía que nos ignora y un Estado provincial que no reconoce derechos”.
De larga data
La discusión por estas tierras está vigente desde abril de 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En febrero de este año se desató la polémica luego de que referentes de varias aldeas protestaron frente a los tractores para que estos no avanzaran sobre la selva.
La zona afectada -un área natural de 5.000 hectáreas que se encuentra dentro de los territorios relevados y protegidos por la ley 26.160- corresponde a la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. Además, también se encuentran afectadas las comunidades Koen Ju e Yvy Chi.
Luego de los sucesos de febrero, a lo que se suma otra tala en enero, a principios de este mes las máquinas estuvieron trabajando en un sector denominado lote 5b.
Las tres comunidades participaron del proceso administrativo que autorizó el desmonte, denunciando siempre la violación de sus derechos a consulta pública sin que fueran oídos.
Se interpuso un recurso de reconsideración contra la autorización del gobierno provincial a que se realice el desmonte, “el que según nuestras normas tiene efecto suspensivo”, recalcaron desde la comunidad. No obstante,