La jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2, Silvina Inés Bacigalupi, hizo lugar a la medida cautelar impulsada contra Samsa por unos 15 vecinos del barrio Itaembé Guazú y ordenó a la empresa habilitar el pago mínimo a los usuarios, y le prohibió el corte del suministro de agua.\r \r La resolución judicial se conoció esta mañana y, según el escrito al que tuvo acceso La Voz de Misiones, la jueza fundamentó la decisión en los preceptos de “verosimilitud del derecho y el peligro en la demora”.\r \r El amparo contó con el patrocinio del abogado Horacio Enrique Koncke, y las gestiones del concejal posadeño Fernando Zarza, quien acompañó a los usuarios afectados, entre los que figuran personas discapacitadas y menores de edad.\r \r En los considerandos de la resolución de la jueza Bacigalupi, se lee que “en los periodos comprendidos de enero 2025 a marzo de 2026” los demandantes “comenzaron a recibir liquidaciones de servicios con montos exorbitantes y desproporcionados”, y que “tras un pormenorizado análisis se constató que dichas sumas no guardaban relación con el consumo promedio histórico de las familias, evidenciando una alteración sistemática en la mediación volumétrica”.\r \r Asimismo, el escrito judicial achaca al Ente Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), faltar a “su deber de control” y ofrecer a los usuarios como “única respuesta” la “oferta de planes de pago con tasa de interés asimilables al sector financiero”.\r \r También, argumenta el respaldo judicial al amparo de los vecinos “con la evidencia técnica” expuesta ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sobre “la intrusión de aire” en la red de agua, acreditada “mediante soporte técnico y audiovisual” y surgida “del monitoreo realizado con herramientas digitales de precisión (Data Loggers)”.\r \r “La falla no es una conjetura, sino una realidad hidráulica documentada”, señala la jueza y menciona el proyecto del concejal Jair Dib para que la Municipalidad de Posadas obligue a Samsa a instalar válvulas purgadoras de aire en cada conexión domiciliaria de la ciudad.\r \r “Pese a haber sido notificada de éste proyecto y de los reclamos técnicos, la empresa Samsa ha optado por silencio total y manteniendo órdenes de corte de suministro y pretendiendo el cobro de deudas que carecen de causa lícita”, dice la resolución judicial.\r \r Asimismo, acusa a Samsa de “conducta contumaz” por haber ignorado “los reclamos técnicos sistemáticos”, y apunta contra la “ineficacia del control” por parte del Eprac, que “ha permitido que esta situación se prolongue durante ciclos estacionales completos sin exigir las obras de infraestructura necesarias”.\r \r Por todo ello, la jueza resolvió “la suspensión de la ejecución judicial de deudas que puedan tener los actores por facturas y/o convenios del año 2025 y 2026”; “la suspensión de cortes, o en caso que ya se hayan efectuado, la inmediata reconexión del servicio de agua potable sin costo”; el beneficio del “pago mínimo” para los usuarios demandantes, “mientras dure el proceso y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”; y “requerir al Eprac que informe en el término de cinco días de notificado si realizó el operativo de monitoreo de presiones en los 20 puntos específicos del barrio Itaembé Guazú durante 7 días consecutivos y en distintas franjas horarias”, y que “en caso afirmativo”, “acompañe el informe final”; y, “en caso negativo, que informe cuándo lo llevará a cabo”.\r \r [pdf-embedder url="https://www.lavozdemisiones.com/wp-content/uploads/2026/04/32687749_expte_50702-2026-1-26_Resol_cautelar-1-1.pdf" title="32687749_expte_50702-2026-1-26_Resol_cautelar (1)"]

La jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2, Silvina Inés Bacigalupi, hizo lugar a la medida cautelar impulsada contra Samsa por unos 15 vecinos del barrio Itaembé Guazú y ordenó a la empresa habilitar el pago mínimo a los usuarios, y le prohibió el corte del suministro de agua.\r \r La resolución judicial se conoció esta mañana y, según el escrito al que tuvo acceso La Voz de Misiones, la jueza fundamentó la decisión en los preceptos de “verosimilitud del derecho y el peligro en la demora”.\r \r El amparo contó con el patrocinio del abogado Horacio Enrique Koncke, y las gestiones del concejal posadeño Fernando Zarza, quien acompañó a los usuarios afectados, entre los que figuran personas discapacitadas y menores de edad.\r \r En los considerandos de la resolución de la jueza Bacigalupi, se lee que “en los periodos comprendidos de enero 2025 a marzo de 2026” los demandantes “comenzaron a recibir liquidaciones de servicios con montos exorbitantes y desproporcionados”, y que “tras un pormenorizado análisis se constató que dichas sumas no guardaban relación con el consumo promedio histórico de las familias, evidenciando una alteración sistemática en la mediación volumétrica”.\r \r Asimismo, el escrito judicial achaca al Ente Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), faltar a “su deber de control” y ofrecer a los usuarios como “única respuesta” la “oferta de planes de pago con tasa de interés asimilables al sector financiero”.\r \r También, argumenta el respaldo judicial al amparo de los vecinos “con la evidencia técnica” expuesta ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sobre “la intrusión de aire” en la red de agua, acreditada “mediante soporte técnico y audiovisual” y surgida “del monitoreo realizado con herramientas digitales de precisión (Data Loggers)”.\r \r “La falla no es una conjetura, sino una realidad hidráulica documentada”, señala la jueza y menciona el proyecto del concejal Jair Dib para que la Municipalidad de Posadas obligue a Samsa a instalar válvulas purgadoras de aire en cada conexión domiciliaria de la ciudad.\r \r “Pese a haber sido notificada de éste proyecto y de los reclamos técnicos, la empresa Samsa ha optado por silencio total y manteniendo órdenes de corte de suministro y pretendiendo el cobro de deudas que carecen de causa lícita”, dice la resolución judicial.\r \r Asimismo, acusa a Samsa de “conducta contumaz” por haber ignorado “los reclamos técnicos sistemáticos”, y apunta contra la “ineficacia del control” por parte del Eprac, que “ha permitido que esta situación se prolongue durante ciclos estacionales completos sin exigir las obras de infraestructura necesarias”.\r \r Por todo ello, la jueza resolvió “la suspensión de la ejecución judicial de deudas que puedan tener los actores por facturas y/o convenios del año 2025 y 2026”; “la suspensión de cortes, o en caso que ya se hayan efectuado, la inmediata reconexión del servicio de agua potable sin costo”; el beneficio del “pago mínimo” para los usuarios demandantes, “mientras dure el proceso y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”; y “requerir al Eprac que informe en el término de cinco días de notificado si realizó el operativo de monitoreo de presiones en los 20 puntos específicos del barrio Itaembé Guazú durante 7 días consecutivos y en distintas franjas horarias”, y que “en caso afirmativo”, “acompañe el informe final”; y, “en caso negativo, que informe cuándo lo llevará a cabo”.\r \r [pdf-embedder url="https://www.lavozdemisiones.com/wp-content/uploads/2026/04/32687749_expte_50702-2026-1-26_Resol_cautelar-1-1.pdf" title="32687749_expte_50702-2026-1-26_Resol_cautelar (1)"]