Tras 11 horas de sesión, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, que le otorga a los gobernadores atribuciones para definir cuáles son las zonas periglaciares y dónde permitir explotaciones mineras.\r \r La nueva normativa obtuvo tres abstenciones, 111 votos negativos y 137 a favor, incluyendo los de todos los diputados misioneros: Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Emmanuel Bianchetti, del PRO; y los legisladores del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa.\r \r Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso de la Nación es que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.\r \r Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.\r La ley\r La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.\r \r Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.\r \r Una de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.\r \r Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.\r \r [pdf-embedder url="https://www.lavozdemisiones.com/wp-content/uploads/2026/04/acta_online_5902.pdf"]\r \r https://www.lavozdemisiones.com/?p=1448564\r \r

La Cámara de Diputados realizó hoy la primera de las dos audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en una jornada marcada por la controversia en torno a las restricciones impuestas a la participación de los miles de inscriptos para la convocatoria.

Clarisa Neztor se hizo cargo de las pintadas realizadas en la Casa de Gobierno y en la fachada de la Legislatura de Misiones.

El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Alberto Arrúa, opinó que la Ley de Glaciares, cuestionada por ambientalistas y organizaciones sociales y vecinales patagónicas, que alertan sobre el peligro para las fuentes de agua potable de la región, es una iniciativa que “protege el medio ambiente y les da autonomía a las provincias para decidir sobre sus recursos naturales”.\r \r Arrúa, formuló estas declaraciones a los periodistas que suelen cubrir la Subsecretaría de Prensa, por donde el legislador pasó esta mañana, curiosamente, luego de que las paredes de la Casa de Gobierno aparecieran grafiteadas con la leyenda: “Los glaciares no se venden”.\r \r “La ley nos da un trasfondo jurídico, porque nosotros ya tenemos una batería de leyes provinciales para proteger la selva, y tener una ley nacional que haga de sustento legal nos parece muy bueno”, argumentó el legislador.\r \r “¿Es una ley que protege el medio ambiente?”, le preguntó uno de los periodistas, a lo que Arrúa asintió y explicó: “Es una ley que protege, no tiene que ver solo con el proteccionismo, sino que les da autonomía a las provincias de tener facultades sobre sus recursos naturales”.\r Escudo legal\r La reforma a la Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010 para protección de las reservas estratégicas de agua, fue aprobada el 12 de marzo en el Senado con los votos de los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y del macrista Martín Goerling.\r \r El proyecto pasó entonces a la Cámara de Diputados, donde está previsto su tratamiento en abril, luego de las audiencias públicas con más de 27.000 inscriptos para discutir el impacto ambiental de los cambios, agendadas para la última semana de marzo.\r \r La controversia radica en que la reforma que impulsa el gobierno achica el escudo legal sobre los ambientes periglaciales para permitir inversiones mineras y de hidrocarburos en las áreas protegidas.\r \r Asimismo, otorga a las provincias la potestad de realizar sus propios estudios técnicos para determinar si un área tiene función hídrica o no, abriendo la puerta para la explotación minera y petrolera.\r \r La reforma apunta, específicamente, a permitir la intervención en los denominados “glaciares escombro”, que son rocas con hielo interno, argumentando que su función como reserva de agua no siempre es significativa.\r \r Críticos y especialistas advierten sobre la pérdida del “principio precautorio”, ya que la protección deja de ser “uniforme” y pasa a depender de las decisiones políticas de los gobiernos provinciales de turno, que no siempre atienden los reclamos de las comunidades que se ven afectadas.\r Efecto Dominó\r Si bien, Misiones no tiene glaciares ni actividad minera de alta montaña, las organizaciones ambientalistas locales advierten que la sanción de esta ley puede generar un “efecto dominó”, donde las siguientes piezas en caer serán los bosques y los humedales.\r \r Argumentan que si se aprueba la reforma de la Ley de Glaciares, se producirá un “debilitamiento del orden público ambiental”, ya que las leyes de presupuestos mínimos, como la que ahora está en discusión, establecen un "piso" de protección que las provincias no pueden bajar, y si el Congreso acepta que ese piso pueda perforarse para favorecer la explotación económica, se abre la puerta para que mañana se pida lo mismo con la Ley de Bosques, que es la que protege la selva misionera.\r \r La reforma actual dice que solo se protegen glaciares con “función hídrica relevante”, lo que trasladado a la tierra colorada podría significar que, en el futuro, pueda autorizarse la deforestación de sectores de monte degradado o nativo con el argumento de que “no tienen una función ecosistémica relevante".\r \r [video width="848" height="480" mp4="https://www.lavozdemisiones.com/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Video-2026-03-16-at-12.17.08-PM.mp4"][/video]

La Casa de Gobierno y la Legislatura misionera amanecieron este lunes con pintadas en sus paredes con consignas en contra de la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, que recientemente fue aprobado por el Senado de la Nación, con el acompañamiento de los tres senadores de la tierra colorada, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, por el Frente Renovador Neo, y Martín Goerling por el PRO.

Tras 11 horas de sesión, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, que le otorga a los gobernadores atribuciones para definir cuáles son las zonas periglaciares y dónde permitir explotaciones mineras.\r \r La nueva normativa obtuvo tres abstenciones, 111 votos negativos y 137 a favor, incluyendo los de todos los diputados misioneros: Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Emmanuel Bianchetti, del PRO; y los legisladores del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa.\r \r Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso de la Nación es que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.\r \r Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.\r La ley\r La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.\r \r Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.\r \r Una de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.\r \r Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.\r \r [pdf-embedder url="https://www.lavozdemisiones.com/wp-content/uploads/2026/04/acta_online_5902.pdf"]\r \r https://www.lavozdemisiones.com/?p=1448564\r \r

La Cámara de Diputados realizó hoy la primera de las dos audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en una jornada marcada por la controversia en torno a las restricciones impuestas a la participación de los miles de inscriptos para la convocatoria.

Clarisa Neztor se hizo cargo de las pintadas realizadas en la Casa de Gobierno y en la fachada de la Legislatura de Misiones.

El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Alberto Arrúa, opinó que la Ley de Glaciares, cuestionada por ambientalistas y organizaciones sociales y vecinales patagónicas, que alertan sobre el peligro para las fuentes de agua potable de la región, es una iniciativa que “protege el medio ambiente y les da autonomía a las provincias para decidir sobre sus recursos naturales”.\r \r Arrúa, formuló estas declaraciones a los periodistas que suelen cubrir la Subsecretaría de Prensa, por donde el legislador pasó esta mañana, curiosamente, luego de que las paredes de la Casa de Gobierno aparecieran grafiteadas con la leyenda: “Los glaciares no se venden”.\r \r “La ley nos da un trasfondo jurídico, porque nosotros ya tenemos una batería de leyes provinciales para proteger la selva, y tener una ley nacional que haga de sustento legal nos parece muy bueno”, argumentó el legislador.\r \r “¿Es una ley que protege el medio ambiente?”, le preguntó uno de los periodistas, a lo que Arrúa asintió y explicó: “Es una ley que protege, no tiene que ver solo con el proteccionismo, sino que les da autonomía a las provincias de tener facultades sobre sus recursos naturales”.\r Escudo legal\r La reforma a la Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010 para protección de las reservas estratégicas de agua, fue aprobada el 12 de marzo en el Senado con los votos de los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y del macrista Martín Goerling.\r \r El proyecto pasó entonces a la Cámara de Diputados, donde está previsto su tratamiento en abril, luego de las audiencias públicas con más de 27.000 inscriptos para discutir el impacto ambiental de los cambios, agendadas para la última semana de marzo.\r \r La controversia radica en que la reforma que impulsa el gobierno achica el escudo legal sobre los ambientes periglaciales para permitir inversiones mineras y de hidrocarburos en las áreas protegidas.\r \r Asimismo, otorga a las provincias la potestad de realizar sus propios estudios técnicos para determinar si un área tiene función hídrica o no, abriendo la puerta para la explotación minera y petrolera.\r \r La reforma apunta, específicamente, a permitir la intervención en los denominados “glaciares escombro”, que son rocas con hielo interno, argumentando que su función como reserva de agua no siempre es significativa.\r \r Críticos y especialistas advierten sobre la pérdida del “principio precautorio”, ya que la protección deja de ser “uniforme” y pasa a depender de las decisiones políticas de los gobiernos provinciales de turno, que no siempre atienden los reclamos de las comunidades que se ven afectadas.\r Efecto Dominó\r Si bien, Misiones no tiene glaciares ni actividad minera de alta montaña, las organizaciones ambientalistas locales advierten que la sanción de esta ley puede generar un “efecto dominó”, donde las siguientes piezas en caer serán los bosques y los humedales.\r \r Argumentan que si se aprueba la reforma de la Ley de Glaciares, se producirá un “debilitamiento del orden público ambiental”, ya que las leyes de presupuestos mínimos, como la que ahora está en discusión, establecen un "piso" de protección que las provincias no pueden bajar, y si el Congreso acepta que ese piso pueda perforarse para favorecer la explotación económica, se abre la puerta para que mañana se pida lo mismo con la Ley de Bosques, que es la que protege la selva misionera.\r \r La reforma actual dice que solo se protegen glaciares con “función hídrica relevante”, lo que trasladado a la tierra colorada podría significar que, en el futuro, pueda autorizarse la deforestación de sectores de monte degradado o nativo con el argumento de que “no tienen una función ecosistémica relevante".\r \r [video width="848" height="480" mp4="https://www.lavozdemisiones.com/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Video-2026-03-16-at-12.17.08-PM.mp4"][/video]

La Casa de Gobierno y la Legislatura misionera amanecieron este lunes con pintadas en sus paredes con consignas en contra de la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, que recientemente fue aprobado por el Senado de la Nación, con el acompañamiento de los tres senadores de la tierra colorada, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, por el Frente Renovador Neo, y Martín Goerling por el PRO.