Con la "Ley Micaela" capacitarán sobre violencia de género a los tres poderes del Estado
BUENOS AIRES. La Cámara alta sancionó la iniciativa con 59 votos afirmativos. El proyecto propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres". Los oradores denunciaron “la hipocresía del Gobierno”, que recorta los presupuestos del área y declama la defensa de las mujeres.
Con el voto a favor de los 59 legisladores presentes, el Senado aprobó por unanimidad la ley Micaela -por la joven Micaela García asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay-, que establece la capacitación obligatoria de todos los empleados públicos (en Diputados, el miércoles a la noche, se aprobó por 171 votos a favor y uno en contra, del salteño Alfredo Olmedo).
En medio de una semana marcada por las denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y de militancia, el oficialismo debió ceder a la presión social e incorporar el proyecto en la orden del día de la sesión extraordinaria. La norma estipula la obligatoriedad de la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones y abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos descentralizados.
La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo. Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
Por otro lado, en la ocasión senadores y senadoras de todos los bloques opositores criticaron según medios nacionales sobre la “hipocresía del Gobierno” al asegurar la defensa de las mujeres y recortar en un 18 por ciento el presupuesto del área. Nancy González (FpV, Chubut) denunció que “desde hace un año y medio está cajoneada la ley de emergencia en materia de género”. María Magdalena Odarda (Frente UNEN, Río Negro), reprochó que no se había construido ni uno de los refugios que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que empezarían a hacerse en febrero y que tampoco se organizó el cuerpo de asesores letrados gratuitos.
El fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del Estado en materia de género. El impacto público del “Mirá cómo nos ponemos” por la denuncia de violación que hizo pública Thelma Fardin contra Juan Darthes fue otra de las variantes que empujaron el proyecto, que se había presentado en 2017, tenía dictamen de comisión (consensuado entre diputados de todos los bloques) desde hacía meses y sin embargo corría riesgo de perder estado parlamentario por no ser tratado en el recinto.