Crisis: empresas piden concurso para evitar intereses, indemnizaciones e impuestos

BUENOS AIRES (Agencias). Con la zozobra que provocan las situaciones de crisis, en Argentina las empresas comenzaron a desplegar una serie de medidas tendientes a atenuar los efectos de la recesión, como el pedido de concurso para evitar los pagos de intereses, indemnizaciones y hasta de impuestos.

La estrategia está centrada con mayor virulencia entre las Pyme, donde en los últimos meses ya hubo miles de cierres, pero quedaron registrados en la Oficina de Estadística del Consejo de la Magistratura, 961 casos de concurso preventivo de acreedores en la primera mitad de este año.

Para la segunda mitad del año se espera que la cifra citada sea incluso mayor, aunque la tensión se concentra en la cadena de pagos: aquellas empresas con documentos por cobrar, al pagar las tasas de interés que en un banco público como el banco Provincia son del 94% anual más comisiones (o 79,95% si es para el descuento de certificados de obra), terminan recibiendo ingresos con los que difícilmente cubren sus costos, lo que tensiona la relación con sus proveedores, los cuales a su vez enfrentan el mismo dilema.

El portal La Política on Line citó declaraciones del economista Fausto Spotorno de la consultora de Orlando Ferreres, quien advirtió que “tampoco hay que engañarse tanto: hay muchas empresas que con estas tasas están entrando a la convocatoria de acreedores, y quizás hasta les conviene porque por ahí salen más fortalecidas”.

En el horizonte hay empresas que se juegan su supervivencia en los juzgados porque entrar en un concurso preventivo congela hasta por dos años los intereses de los créditos contraídos y conseguir una renegociación con los proveedores da aire a las empresas que están al borde de la asfixia.

Además se frena el pago de indemnizaciones por despidos y hasta los reclamos de deudas impositivas de la AFIP. Un oxígeno no menor en un marco de severa recesión.

Pero el embargo de las cuentas, la suspensión de los contratos y las demás restricciones legales para asegurar los pagos dejan a las empresas maniatadas en su operatoria y sin capacidad de acceder a nuevo capital de trabajo.

Para las empresas es una apuesta arriesgada la de jugarse su supervivencia por la vía judicial y exponerse a la decisión de un juez de dictaminar el levantamiento de los embargos o bien, que la empresa siga su curso a la quiebra.