Denuncian explotación laboral y sueldos atrasados contra Hospital de Jardín América
Son ocho las trabajadoras de la empresa de limpieza SINA SRL que decidieron denunciar la brutal explotación laboral que padecen en el Hospital de Jardín América. Próximo a que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte impune de dos trabajadores de limpieza de otra empresa contratada por el Estado: SIP, el Estado provincial continúa demostrando su complicidad con empresas que vulneran derechos, pagan salarios mínimos y exponen a riesgo de vida a sus empleados. El caso, evidencia el fraude laboral de la tercerización en Salud Pública y la complicidad de un Ministerio de Trabajo provincial que mira para otro lado.
Según el medio de comunicación alternativo Superficie, no solamente las ocho trabajadoras de la empresa de limpieza SINA SRL, que prestan servicios en el Hospital de Jardín América perciben una paga mensual que representa apenas el 37 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil sino que sufren de explotación laboral. Cobran solamente 3 mil pesos por trabajar 8 horas por día, de lunes a lunes y con únicamente dos francos por mes. Desde el pasado viernes 5 se encuentran de paro, reclamando por condiciones dignas de trabajo porque encima, les deben dos meses de sueldo. Además de ellas, dos trabajadores de seguridad a los que la misma empresa les adeuda salarios, también se sumaron al reclamo.
Tanto el director como el ministro de Salud Pública saben qué nos pagan una miseria, saben que estamos siendo explotadas, saben que a veces ni guantes hay para trabajar, y todos hacen la vista gorda y encima nos amenazan”,
advierten desde la asamblea.
Según Superficie SINA SRL, la empresa que explota y adeuda salarios a las trabajadoras de limpieza en el Hospital de Jardín América está radicada jurídicamente en la localidad de Garupá como una empresa cuya actividad principal es “Servicios de Seguridad e Investigación” y que como actividad secundaria presta “Servicios de Limpieza de edificios”. Está vinculada a las licitaciones públicas – tanto en Seguridad como en Limpieza – con el Estado misionero desde el año 2011, a través de contratos millonarios.