El Defensor del Pueblo quiere que la Justicia Federal obligue al proveedor de EMSA a bajar el precio de la energía
El malestar popular por el extraordinario tarifazo aplicado al servicio de energía eléctrica en Misiones llegará a la Justicia Federal a través de un pedido para que sea un magistrado quien ponga freno y atienda la demanda social.
Los miembros de la Mesa Intersectorial del Diálogo y el Consenso (autoridades provinciales, diputados, asociaciones civiles, presidentes de comisiones vecinales y el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo) que atienden el tema del tarifazo, eligieron apuntar a la instancia judicial nacional para presentar un reclamo, responsabilizando a la proveedora mayorista de energía CAMMESA por el costo final en las facturas mensuales que reciben los usuarios.
En ese marco, Penayo anunció la interposición de un “recurso de amparo y medida cautelar por el aumento en la tarifa eléctrica dispuesto por la Nación”. Y es que, desde este sector, entienden que no es Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) la responsable de los aumentos, sino su proveedor mayorista de energía, CAMMESA, por lo cual buscarán respuestas en el ámbito nacional.
En el planteo, que deja a EMSA fuera de la discusión, Penayo explicó que “lo que intentamos es que se declare la inconstitucionalidad de la resolución que aprueba el nuevo cuadro tarifario para el mercado eléctrico mayorista que, a través de CAMMESA, le provee de energía a la prestadora de servicio eléctrico”.
En un comunicado oficial, desde la Defensoría adelantaron que, con la medida cautelar “se le solicita a la Justicia Federal que suspenda por un lapso prudencial la aplicación de esta normativa y se ordene a CAMMESA retrotraer al cuadro tarifario anterior los valores de provisión de energía a EMSA”.
En contraposición a las declaraciones de los representantes misioneros de la alianza Cambiemos, quienes justificaron el aumento avalado por el Ministerio de Energía de la Nación, el ombudsman posadeño agregó que “Misiones no fue convocada a la audiencia pública, que por ley corresponde toda vez que se quiera establecer un reajuste en los valores”.
Penayo remarcó además que, durante aquella audiencia pública, “tampoco se dio la información veraz y completa de cómo surgen los valores del nuevo cuadro tarifario; y de cómo éste tiene incidencia directa en la tarifas que pagan los usuarios, y que afectan gravemente los ingresos de la familias misioneras con una finalidad meramente fiscal de recaudar y penalizar el consumo de energía”, concluyó.
La participación activa de la Mesa Interinstitucional está compuesta por la ministro de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, los diputados provinciales Roque Gervasoni y Martín Sereno, representantes de EMSA, referentes barriales, funcionarios de organismos provinciales, de la Municipalidad de Posadas, así como el equipo técnico de diversas áreas de la propia Defensoría del Pueblo.