Jefe de Gendarmería de Iguazú echó a tres abogados y lo denunciaron por abuso de autoridad
Los letrados quisieron entrevistar a dos detenidos en el Escuadrón 13. El comandante les dijo que no estaban autorizados. Y ordenó que abandonaran las instalaciones.
PUERTO IGUAZÚ y POSADAS. Los abogados de Puerto Iguazú denunciaron ante la Justicia Federal al jefe de Gendarmería Nacional porque los echó de la sede del Escuadrón 13.
El planteo fue realizado por la Asociación de Abogados de Iguazú que apuntó al comandante Oscar Alberto Garro por impedir que pudieran contactarse con dos detenidos, ordenando que abandonaran el lugar.
Los profesionales, a través de un comunicado, repudiaron la actitud de Garro y describieron el incidente que involucraron a los abogados Jorge Fernández, presidente de la Asociación; Fabián Santa Clara y una letrada de Paraguay.
De acuerdo con el relato divulgado por los abogados, el pasado lunes se presentaron en el Escuadrón asentado en Puerto Iguazú con el propósito de tomar contacto con dos detenidos.
Una vez que cumplimentaron los trámites de identificación y tras una espera de unos 30 minutos, habrían recibido como respuesta del comandante Garro en persona que ninguno de los interesados figuraba en el expediente.
Al cumplirse dicha condición, el jefe de la fuerza federal les dijo que no podía autorizar la entrevista con los detenidos, pero ante la insistencia respondió que “no tenía por qué informar nada a los abogados”, dijeron los destinatarios del mensaje.
Posteriormente invitó a los visitantes a que abandonaran las instalaciones, para lo cual instruyó a subalterno a fin de que se encargara de hacer cumplir su decisión, acompañando al trío de letrados hasta afuera.
A raíz del incidente, la Asociación denunció a jefe de Gendarmería por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y otros delitos”, ante la fiscalía federal.
Además la entidad consideró que el hecho “no solo constituyen una falta de respeto hacia los colegas y un menoscabo a la profesión de abogado, sino un atentado al Estado de derecho”.
Añadió que se trató de “un atropello a los derechos constitucionales de los detenidos y un grave precedente para la sociedad civil que no puede seguir resignando derechos”.