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No es casual el abandono / Eduardo Silveyra
La falta de políticas por parte del estado hacía la agricultura familiar, pone de manifiesto parte de la estrategia del gobierno para que los grupos hegemónicos de la agricultura industrial se hagan de tierras con el menor costo financiero posible, pero con un alto costo social y la marginación de una gran masa de campesinos.
La situación de la agricultura familiar tiende a empeorar, por la falta de políticas del estado hacía este sector productivo, que muchas veces tiene una incidencia importante en las economías regionales, como es el caso de las provincias del noreste del país. Esta falta de políticas se hace evidente cuando existe una Ley de Agricultura Familiar aprobada en el final del anterior gobierno que aun continua sin presupuesto y que es vital para el desarrollo productivo y económico de una inmensa cantidad de pequeños productores y campesinos.
Esta desatención no es casual, ni se debe a la falta de experiencia en gobernar que ha sido usada como excusa salvadora por parte del macrismo, para atenuar las críticas que recibe a diario por sus políticas que privilegian a los sectores con más recursos, a las multinacionales y a los grupos económicos a los que responden los CEO que operan desde las estructuras del estado con cargos ministeriales y tampoco es casual que se haya dejado de trabajar con las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar para implementar y coordinar políticas de desarrollo, porque en realidad el proyecto del gobierno apunta hacía otro lugar y ese lugar tiene que ver con el corrimiento de la frontera agropecuaria y a ensanchar los territorios dedicados al monocultivo de soja en un caso y a la agricultura industrial y forestal en otro.
Es evidente que toda la política llevada adelante en estos 9 meses tiende a favorecer a estos grupos financieros que operan desde la agricultura industrial, si en la gestión anterior tenían un plazo de 8 meses para rendir las exportaciones realizadas, apenas asumió Mauricio Macri como presidente extendió ese plazo a los 18 meses y a través de un decreto ejecutado en hace unos días, la extensión se ha llevado a los 5 años, plazo más que suficiente para evadir impuestos, no rendir lo exportado y otras formas especulativas propias de saqueadores, lo cual hay que agregar lo que estipula la nueva Ley de Tierras que permite a extranjeros comprar el 51% de las tierras de cualquier provincia, con lo cual el avance sobre el territorio nacional obra como una nueva colonización y agrede la soberanía política y económica.
Cuando desde el estado no se hace nada para solucionar problemas puntuales como el surgido con el precio de la yerba mate en Misiones y Corrientes –para dar un ejemplo válido y cierto- que tiene una diferencia de 30 centavos con lo que la industria concentradora quiere pagar a los pequeños productores y lo que estos reclaman, en realidad lo que se hace es desalentar a estos productores que, sin recursos no pueden reconvertir sus cultivos y terminan por abandonar sus parcelas, para convertirse en migrantes hacía los centros urbanos, donde en el mejor de los casos terminan engrosando las poblaciones de villas y asentamientos y la tierra pasa a engrosar los latifundios de la oligarquía y las corporaciones de la agroindustria.