Reformas al Código Penal: Buscan limitar cortes de calles y el ingreso de extranjeros

BUENOS AIRES. El Gobierno nacional apura la reforma del Código Penal en el Congreso con el envío de un proyecto de alto impacto, que endurecerá las penas por cortes de tránsito no autorizados y creará una figura penal para castigar a los extranjeros que incumplan la prohibición de entrar al país.

Las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo nacional al Congreso prevén subir las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los extranjeros. La propuesta ingresará al parlamento tras los incidentes frente al Congreso a fines del mes pasado, por los que estuvieron detenidos cuatro extranjeros que el Gobierno quiere que vayan a juicio abreviado para que sean deportados "lo antes posible".

El proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por "detener o entorpecer" la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida "el ejercicio de derechos personalísimos" y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.

Desde la comisión redactora aseguraron que tomaron pronunciamientos de la Corte. "El delito de interrupción de los medios de transporte resulta compatible con el derecho constitucional a la protesta social", dijo el camarista Mariano Borinsky a Clarín, y agregó: "Los últimos avances en la jurisprudencia y el derecho comparado exigen considerar restricciones razonables de modo, tiempo y lugar, de manera que se respeten los derechos de todos los individuos afectados".

A su vez el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.