Caso Juanita: Cademis informó que abogado de Icra “no tiene matrícula profesional”
El caso de la adolescente Juanita Sirimarco, fallecida el sábado en el Hospital de Pediatría, después de llegar en delicado estado de salud del viaje de egresados que hizo a Córdoba junto a sus compañeros del Instituto Cristiano República Argentina (Icra), desembocó en una controversia entre el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) y el estudio jurídico posadeño que representa a la escuela cristiana en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.
Este miércoles, el colegio profesional que preside el letrado Antonio López Forastier sorprendió con un comunicado oficial en sus redes sociales, informando que el abogado Alejandro Jabornicky, cuyo bufete representa al Icra, “carece de matrícula profesional habilitante para ejercer la abogacía” en la provincia.
El comunicado, recuerda, asimismo, que el Cademis le canceló la matrícula profesional a Jabornicky el 8 de marzo de 2017, y que la resolución fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, cuatro años después, el 8 de abril de 2021, efectivizada por la Resolución 1421 del 27 de julio de 2023 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de agosto siguiente.
En otro tramo del texto, el Cademis alude al tratamiento que la prensa le dispensa a Jabornicky, presentándolo con su título profesional de grado, y adelanta que el gremio profesional se encuentra analizando las “consecuencias legales” de estas menciones periodísticas.
“Asimismo, se informa que en razón de las notas periodísticas publicadas recientemente en las que los medios le asistirían el carácter de abogado representante, este colegio se encuentra abocado al análisis del caso para determinar las consecuencias legales derivadas de dichos actos ante la existencia de una posible transgresión al Código Penal”, observa el Cademis.
En el párrafo siguiente, el colegio profesional exhorta “a los medios de comunicación evitar la mención del ejercicio profesional de abogado en relación al citado ciudadano, ya que no se encuentra habilitado para ejercer la abogacía ni la procuración en todo el territorio provincial y por lo tanto no corresponde asignarle tal carácter profesional” y advierte que “ello podría derivar en serias consecuencias jurídicas” para la prensa.