Contrabando en clave futbolera: los chats entre paseros y aduaneros
“¿Puedo ir a jugar?”, “¿Hay partido?”, “¿Se juega hoy?”, “Avisame cuando hacés el cambio”, “voy con la pelota”. Los mensajes encriptados en clave futbolera eran intercambiados entre paseros paraguayos y cuatro aduaneros que desde el martes pasado son juzgados por integrar una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas para facilitar el contrabando de mercaderías en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que Posadas con Encarnación.
Los acusados son Lorenzo René Juárez (67), Francisco Antonio Llorente (64), Orlando Ariel Alfonso (56) y Bernardino Castor Esquivel (51), quienes llegaron a juicio más de siete años después del operativo que destapó un entramado de corrupción que permitía el ingreso al país de una infinidad de vehículos paraguayos repletos de mercadería de contrabando.
Todos ellos están imputados por los delitos de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, mientras que Alfonso además suma otra acusación por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.
El debate oral en sus contra, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el martes pasado, instancia en la que se dio lectura al requerimiento de elevación de la causa, lo que permitió exponer parte de plexo probatorio del expediente, el cual se sustenta en un amplio contenido de escuchas telefónicas y registros de conversaciones de texto que estaban cifradas con léxico futbolístico.
Inicio
La investigación tuvo génesis el 24 de agosto de 2016, tras una denuncia radicada por el Administrador de la Aduana en aquel entonces, quien había advertido una serie de situaciones extrañas en la zona primaria aduanera, por ejemplo, vehículos paraguayos que ante su presencia abandonan el ingreso al país y retornaban hacia Encarnación.
Esa denuncia, a su vez, se conectó con un expediente abierto dos meses antes en la Justicia Federal tras el secuestro de cuatro vehículos abarrotados con cigarrillo y otros productos extranjeros que habían logrado cruzar la frontera, pero cayeron en controles de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Lo que se hizo entonces, fue identificar cada uno de los vehículos con sus respectivas patentes y revisar las cámaras de seguridad del puente internacional para determinar en qué días y horarios traspusieron el viaducto, para así delimitar al personal aduanero que pudiera estar involucrado en la maniobra.