El represor Carlos Carvallo accedió a dos salidas transitorias por mes
El represor devenido en locutor Carlos Carvallo (70), condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Entre Ríos, fue autorizado a tener salidas transitorias tras cumplir con los requisitos y plazos necesarios para acceder al beneficio.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución que incorpora al condenado al régimen de salidas transitorias fue firmada en los últimos días por el magistrado entrerriano Federico Martín.
En el dictamen se dispone que a partir de ahora y por el plazo de cuatro meses, con posibilidad de renovación, Carvallo podrá hacer uso de dos salidas mensuales por cuatro horas cada una.
Esos egresos deberán realizarse en compañía de un agente penitenciario sin uniforme y el interno deberá cumplir con el recorrido previsto desde la Unidad Penal 17 de Candelaria hasta el domicilio de su esposa en Posadas, respetando los horarios establecidos y manteniendo “un comportamiento decoroso”, entre condiciones, para no perder el beneficio.
El pedido efectuado por Carvallo contó la oposición de la fiscalía y no así con el de su víctima Manuel Ramat, que además fue querellante particular en la causa, quien como condición solicitó que el beneficio no se ejecute en Paraná. “Yo tengo la humanidad que él no tuvo conmigo”, fueron sus palabras sobre el asunto.
De esta manera, el represor que supo ocultar su pasado para mostrarse como locutor y periodista, volverá a las calles de Posadas tras permanecer 2517 días preso en forma ininterrumpida.
Carvallo está detenido desde el 23 de agosto de 2018, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo ubicaron en la casa de unos familiares en el barrio Santa Rita de Posadas, donde esquivaba el pedido de captura internacional que se había emitido en su contra cuatro años antes.
Desde ese momento estuvo privado de su libertad en Paraná, Entre Ríos, donde fue identificado como uno de los policías que integraba grupos de tareas dedicados a secuestrar y torturar presos políticos durante la última dictadura militar.
En esa misma ciudad fue juzgado en diciembre de 2020 y finalmente fue condenado como autor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad perpetrada por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, agravada por el empleo de violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, en concurso real con la imposición de torturas a personas privadas de su libertad agravada por ser la víctima un perseguido político”.