Genesini pide la inconstitucionalidad de la Fiscalía de Ciberdelitos
Mediante una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Estela Genesini, en representación de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (Udnam), promovió una acción declarativa de “inconstitucionalidad” contra la ley que creó la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos señalando los artículos referidos a “noticias falsas”, la figura del investigador encubierto y la obtención de evidencias en el campo digital.
El documento lleva su firma y consta de 37 páginas en las que señala que la norma impulsada por el diputado provincial y conductor político del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, afecta los derechos consagrados en la Constitución provincial y nacional, a los pactos de Derechos Humanos incorporados a la Constitución; a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y a la Ley de Asociaciones Sindicales, entre otros.
En este sentido, apunta contra el artículo 6 de la Ley XIV Nº16, al señalar que “La imposibilidad de aplicación de la norma cuestionada radica, precisamente en que no existe el delito de noticias falsas ("fake news") legislado como tal, y que la legislatura provincial es incompetente para legislartlo como tal. De allí su patente inconstitucionalidad”.
Así también, cuestiona el artículo 10, que incorpora al Código Procesal Penal el Capítulo IX denominado “Metodologías para la Obtención de Evidencia Digital” e instituye la figura del investigador encubierto.
“Se agravia el principio de legalidad y seguridad jurídica en afectación al derecho de defensa y privacidad de las personas, en tanto se pretende legalizar la actuación de un sujeto que de manera indeterminada puede actuar hasta en delitos dependientes de instancia privada, cuando por sus especiales características debería estar revestido de la especificidad necesaria para resguardar los derechos fundamentales de las personas a no vivir bajo un estado vigilante”, señala la denuncia.
De esta manera, sostiene que la ley "mordaza", como la denominó la oposición provincial, tiene contradicciones en materia penal para tratar la tipificación de la Justicia Correccional de Calumnias e Injurias, al señalar que el fiscal de instrucción en ciberdelitos "incurre en evidente ilegalidad al arrogarse competencia en cuestiones atinentes al Congreso de la Nación en materia de legislación penal de fondo (Art. 75, inciso 12)".