Hacker misionero continuará preso y está más cerca del juicio por espionaje
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva del sindicado hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y de esta manera la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y altos funcionarios políticos quedó a un paso de ser elevada a instancia de juicio oral.
La resolución alcanza al joven oriundo de Eldorado, detenido hace dos meses tras entregarse voluntariamente, y al ex policía Ariel Zanchetta, ambos acusados de haber accedido de forma indebida a los teléfonos celulares de magistrados federales que intervinieron en diferentes instancias de la causa Vialidad, que derivó en una condena a seis años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según consignó hoy el diario Clarín, en su resolución los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun calificaron el hecho como de “gravedad institucional” e indicaron que deben tenerse en cuenta una serie de puntos en común entre las personas que fueron víctimas de los hackeos.
En esa línea, profundizaron que "por un lado la naturaleza de las funciones de quiénes fueron “blancos”, la coincidencia temporal, de modus operandi y los eventuales usos que podrían darse a los datos, otorgan fuertes motivos para sospechar que la trama posee móviles que exceden a los económicos y que otorgan al caso ribetes de gravedad institucional".
En otro tramo del dictamen, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal señalaron que el juez interviniente en la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, debe profundizar su investigación sobre la responsabilidad de las empresas que prestaban el servicio de telefonía móvil a los jueces federales que fueron víctimas de espionaje.
Sobre el misionero en particular, los camaristas plantearon que es responsable de los delitos atribuidos e indicaron que “hay elementos suficientes para sostener que ocupó un rol central en diferentes fases de los hechos que implicaron la obtención de información personal de los magistrados, la toma de control de sus líneas telefónicas (con la consecuente afectación a sus comunicaciones), el acceso a todas las cuestiones de naturaleza privada que poseían en el historial de sus aplicaciones y el posterior uso dado a lo anterior", añadió Clarín.