Hoy se define el futuro de los hermanos Germán y Sebastián Kiczka

Este miércoles, a partir de las 8.30, se comenzará a definir el futuro de los hermanos Germán (47) y Sebastián Kiczka (49), imputados en una causa por “tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad, varios hechos” y juzgados desde el 31 de marzo en un debate oral que acapara la atención del país.

Después de once audiencias y la declaración de 53 testigos, entre policías, peritos informáticos, psicólogos, consultores técnicos, familiares directos y hasta políticos como Pedro Puerta, quienes en su mayoría ratificaron todo el contenido del expediente, hoy será el turno de la ronda de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales para que luego el tribunal dicte su veredicto.

Se prevé que los primeros en exponer sean los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, quienes ya adelantaron que durante el proceso lograron acreditar su “teoría del caso”, ante lo cual se decanta que solicitarán una sentencia condenatoria contra ambos imputados.

“Llegó el momento de la verdad, tenemos una gran cantidad de pruebas perfectamente auditables para que vean que fue un proceso transparente y cristalino”, había adelantado Rau en su alegato de apertura y en esa misma ocasión sentenció: “Les vamos a demostrar que esto no es una causa política, sino que hay una conducta criminal grave”.

Los fiscales Martín Rau -a la derecha- y Vladimir Glinka expondrán en primer turno.

En segundo término alegarán las defensas. Gonzalo De Paula actúa como abogado del ex diputado Germán Kiczka, mientras que el equipo integrado por los letrados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga representan los intereses de Sebastián Kiczka.

En sus alegatos iniciales, De Paula insistió en la inocencia del ex legislador que fue desaforado como consecuencia de esta investigación, en tanto que la defensa de Sebastián buscará demostrar que el imputado sufre un trastorno de salud mental que requiere una medida de seguridad como una internación y no una pena de prisión.