Tras casi nueve años preso, Marcelo Edgardo López (70), un ex militar condenado recientemente junto al
represor misionero Jorge Antonio (72) por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de San Juan, fue excarcelado por la Justicia y fijó domicilio en la zona de Itaembé Miní, en Posadas.
López fue uno de los 38 imputados que llegaron a juicio por la denominada Megacausa III, en la que se acumularon seis expedientes por hechos padecidos por 96 víctimas, de las cuales 13 se encuentra desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. En la pesquisa, además, se abordaron casos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y violencia sexual.
Entre las víctimas de estos hechos investigados, aparece el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja, y justamente López aparece relacionado a esa situación.
Es que, según consta en los archivos, el nombre de López apareció en otros juicios de lesa humanidad desarrollados en esa misma provincia y fue sindicado como uno de los militares que sumarió a Gioja, que en aquel entonces era funcionario del gobernador Eloy Camus y fue preso político durante algunas semanas.
López fue detenido a mediados de 2014 en Misiones, tras lo cual fue trasladado a San Juan para enfrentar el proceso y, desde ese momento, permaneció con prisión preventiva, alojado en una celda de la Colonia Penal 17 de Candelaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Desde allí, el viernes 30 de junio emitió sus últimas palabras antes de oír el veredicto final del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan, en el marco de la denominada Megacausa III.
Últimas palabras desde la cárcel
Con auriculares conectados y a través de videoconferencia, López habló por varios minutos, desligándose de las acusaciones y criticando lo extenso de su prisión preventiva.
"Teniendo a Dios como testigo y tratando de entender mi situación, hoy con más 70 años, hace nueve que estoy procesado con prisión preventiva y en una unidad carcelaria. Claramente, en el transcurso de una década, mi salud física y psicológica se ha visto deteriorada, sin tener ningún tipo de morigeración", comenzó.
Y continuó en tónica defensiva: "Cuando llegué a San Juan, en el 76, con sólo dos meses de haber egresado del Colegio Militar de la Nación, en la unidad RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña) me asignaron al cuidado de ganado mular y algunas tareas administrativas, tareas irrelevantes para un joven sin ninguna experiencia".
El acusado también criticó el desempeño de la fiscalía durante el juicio y culminó su exposición alegando que "durante toda la carrera militar jamás supe encubrir y mucho menos participé de un hecho ilícito. Agradezco a Dios, que es la fuente de mi fuerza y mi verdad".
Condena y excarcelación
De igual manera, nada pudo torcer su destino. Una semana después, el viernes 7 de julio, el TOF de San Juan, integrado por los magistrados Daniel Alberto Carelli, Gretel Diamante y María Paula Marisi, decidieron
, entre ellos a López, quien recibió 10 años de prisión, y el misionero Olivera, que acumuló su tercera prisión perpetua.
El ex militar fue condenado como coautor penalmente responsable de "privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durante más de un mes" y "tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima", en perjuicio de varias personas, entre ellas, el actual diputado peronista Gioja.
Sin embargo, nuevamente una semana después, el mismo TOF le otorgó al ex militar la excarcelación, amparado por el artículo 317, inciso 5, del Código Procesal Penal de la Nación.
De igual manera, las autoridades le impusieron a López una serie de condicionamientos para mantener el beneficio hasta el cumplimiento total de su pena.
En ese sentido, el condenado fijó domicilio en el barrio Bicentenario de Itaembé Miní, en Posadas, de donde tendrá prohibido ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso. Tampoco podrá salir de la provincia sin permiso y bajo ningún punto de vista podrá salir del país.
Además, deberá presentarse ante la Justicia ante cada llamado y deberá abstenerse de establecer todo tipo de contacto con víctimas de la Megacausa III o con víctimas de cualquier otro proceso por crímenes de lesa humanidad, por cualquier medio y ya sea en forma directa o a través de un tercero.