Día de furia en Asunción contra ley que criminaliza las ocupaciones de tierras
Violentos enfrentamientos se registraron este miércoles en Asunción, Paraguay, cuando indígenas y campesinos que se manifestaban contra la ley que aumenta a 10 años de cárcel las penas por invasión de inmuebles, chocaron con la policía antimotines que blindaba la sede del Parlamento, donde se estaba debatiendo el proyecto.
La policía informó de siete uniformados heridos, algunos por flechas disparadas por los indígenas durante la refriega donde también se incendiaron tres vehículos, e incluyó el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes.
Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales describen un verdadero día de furia en la capital paraguaya, mientras la Cámara de Diputados aprobaba la polémica ley impulsada por el partido de gobierno y los sectores vinculados al agronegocio.
Los manifestantes indígenas llegaron hasta las plazas frente al Parlamento desde varios puntos del país, como también organizaciones nucleadas en la Federación Nacional Campesina (FNC).
La movilización convocó además a cientos de familias de asentamientos urbanos del gran Asunción y el Departamento Central, el más poblado del país, que también rechazan la ley y demandan la recuperación de las llamadas tierras malhabidas, las 8 millones de hectáreas que la dictadura de Alfredo Stroessner repartió entre sus familiares, militares y empresarios amigos del régimen.
Entre los beneficiarios de esta “reforma agraria” sui generis, sistematizada por la Comisión Verdad y Justicia creada por el Congreso para investigar los crímenes del stronismo, aparecen la familia del actual presidente Mario Abdo Benítez, y del senador Fidel Zavala, uno de los propulsores de la ley para aumentar las penas por las ocupaciones.
Herederos de Stroessner
Paraguay aparece como el país con la mayor concentración de la tierra del planeta, con el 90% en manos de un poco más de 12.000 grandes propietarios.
Las estadísticas muestran que unos 7.478 propietarios poseen 27.807.215 hectáreas, mientras que los pueblos indígenas con una población de 150.000 personas solo poseen 1 millón de hectáreas, y más de 300.000 familias campesinas no tienen tierra.
Según la organización paraguaya Tierra Viva, en los últimos meses al menos siete comunidades indígenas han sufrido desalojos violentos, que afectaron a más de 800 familias forzadas a abandonar sus territorios.
“¿Si esto no es crimen y violencia donde está el crimen y la violencia?”, se preguntó el senador Fulgencio Rodríguez, uno de los pocos parlamentarios, entre liberales y de centroizquierda, que se manifestaron contrarios a la ley aprobada hoy.
Foto de portada: José Bogado /UH