Senado paraguayo aprueba ley que aumenta la criminalización campesina
El Senado paraguayo aprobó este jueves modificaciones en la legislación penal, endureciendo las penas de prisión en episodios relacionados con ocupaciones en las zonas rurales, en un momento en que las invasiones de inmuebles se multiplican en el interior del país por organizaciones campesinas e indígenas.
El proyecto de ley, aprobado por una amplia mayoría de colorados, liberales y parlamentarios de sectores directamente ligados con las cámaras empresariales, sube de 2 y 5 años de prisión, a 6 y 10 años las penas por el delito de “invasión de inmueble ajeno”.
La decisión fue seguida por decenas de campesinos e indígenas, que se manifestaron frente al Parlamento en rechazo de lo que consideran un aumento de la criminalización de sus luchas por el acceso a la tierra.
Los reclamos encuentran sentido si se tiene en cuenta que Paraguay es uno de los países con los índices de concentración de la propiedad de la tierra más altos del mundo.
Regalos de Stroessner
El debate en el Senado trajo también a colación el tema de las llamadas “tierras malhabidas” que la dictadura de Alfredo Stroessner distribuyó entre su círculo áulico y los amigos del régimen, que incluso se prolongó durante parte de la transición democrática que siguió a su caída en 1989.
Según la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos para investigar los crímenes de la dictadura (una especie de Conadep paraguaya), Stroessner distribuyó unas 8.000.0000 de hectáreas entre políticos, militares y empresarios.
En su informe final de 2008, la CVJ incluyó un listado de beneficiarios de tierras públicas de la dictadura, entre quienes se encuentran el ex presidente Andrés Rodríguez, consuegro de Stroessner y cabecilla del golpe que lo derrocó, y la familia del actual presidente Mario Abdo Benítez.
En las listas aparece también la familia del senador Fidel Zavala, uno de los propulsores del proyecto aprobado hoy.
Maniobra de blanqueo
Para las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de derechos humanos, la modificación de la legislación penal en el tema esconde el blanqueamiento de la posesión irregular de estas propiedades, muchas de ellas verdaderos latifundios.
De hecho, entre sus recomendaciones la CVJ mencionó la articulación de mecanismos para la recuperación de estas tierras, pero hasta ahora casi no ha habido intentos institucionales en esa dirección.
“Hay muchas tierras entregadas irregularmente y cada vez es más la criminalización”, señaló a La Voz de Misiones Juan Bautista Rivarola, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
“Acá nadie habla del problema social, solo de meter presa a la gente que reclama”, afirmó.
Rivarola integra el equipo jurídico de la Codehupy que entiende en la defensa de campesinos e indígenas acusados por invasión de inmueble, en casos que involucran territorios ancestrales nativos y tierras reclamadas por familias campesinas en lotes denunciados en los términos descriptos por la CVJ.