Desde el diario Clarín de Buenos Aires alertaron sobre la preocupación del gobierno nacional en la investigación de una supuesta venta de planos sensibles a terroristas. Son de las tres plantas potabilizadoras de agua que abastecen a Capital y Gran Buenos Aires. La Gendarmería alertó sobre la presunta entrega por parte de un ex prefecto argentino a compradores libaneses. Ya hay medidas de prevención.

Clarín confirmó la última versión que analiza la ministra Patricia Bullrich: hace dos meses, por encargo de un supuesto grupo de libaneses, un ex prefecto con antecedentes penales habría obtenido y venido los planos de las tres plantas potabilizadoras de agua que abastecen a la Capital y el Gran Buenos Aires.

La información dice que hace casi un mes, puntualmente el 30 de agosto, ciudadanos libaneses habrían contactado en Puerto Iguazú a Juan Carlos Bassi, un ex prefecto que fue investigado por traficar pistolas y ametralladoras a Brasil y abastecer de armas a sus familiares de Rosario. Juan Carlos Bassi, supuesto dueño de la armería Shooters de Puerto Iguazu, es una figurita conocida para las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia de Argentina, Brasil y Paraguay. Este sujeto hasta habría estado involucrado en el atentado de la AMIA.

Según supo Clarín, un informante habría alertado a la Gendarmería que Bassi habría vendido los planos de las plantas potabilizadoras de agua que se encuentran en Tigre, Bernal y la Capital Federal (sobre la avenida Figueroa Alcorta) a un grupo de libaneses interesados en esos papeles estratégicos. Este diario también recogió la versión de que el primer alerta lo habrían dado los servicios de inteligencia paraguayos. Ahora las recomendaciones apuntan a reemplazar los cercos perimetales de los predios cambiando alambrados por paredes, levantar la altura de los portones de ingreso, poner caballetes de metal en los accesos para impedir la entrada de vehículos no identificados a alta velocidad, multiplicar los puestos de vigilancia -y en algunos sitios reemplazar a la agencia privada de seguridad por fuerzas estatales- y también las cámaras y luces con sensores de movimiento.