Amigos son los amigos: Caputo se quedó con una de las dos termoeléctricas
BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El empresario Nicolás “Nicky” Caputo, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri, se quedó con una de las dos centrales termoeléctricas que el Gobierno Nacional traspasará al sector privado.
Caputo se hizo cargo de la Central Térmica Brigadier López, en Santa Fe, por la que su empresa, Central Puerto, ofertó 326,5 millones de dólares, mediante un trámite que fue aprobado por Integración Energética Argentina SA (IEASA-ex Enarsa).
El cambio, el mismo ente recomendó declarar inadmisibles las ofertas de IPF y de Central Puerto (de Caputo) para la licitación de la central de Ensenada de Barragán, la segunda termoeléctrica que formó parte del paquete armado por el macrismo.
De acuerdo con publicaciones especializadas, la empresa del amigo del Presidente tiene actualmente una participación en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) del 11,4%, mientras que específicamente en la generación térmica se eleva al 15%.
La compañía se adjudicó numerosos proyectos durante la administración Macri y desembarcó en el sector eólico con siete parques en ejecución.
El trámite por la transferencias de las centrales derivó en una denuncia del kirchnerismo, por la cual la Justicia Federal imputó a Macri por intentar venderlas “a precio vil” y se inició la instrucción y pedido de medidas de prueba, poniendo la causa en trámite.
Con el Presidente quedaron involucrados en la investigación los ex secretarios de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel; el presidente de IEASA -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de IEASA, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de IEASA, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
La causa, que está a cargo del juez Daniel Rafecas -quien ya había rechazado una cautelar de la oposición para suspender el proceso licitatorio de las usinas, motivo por el cual en el Gobierno piensan que no prosperará-, se origina a partir de una tasación de los bienes que según los diputados opositores le ocasionaría una pérdida de 400 millones de dólares al Estado.
Según la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido casi en , sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello.