Casanello avanza en las causas contra Macri y Báez
El juez federal Sebastián Casanello amplió la denuncia por presunto lavado de activos contra el presidente Mauricio Macri y realizó lo propio en la causa contra el empresario ligado al kirchnerismo, Lázaro Báez.
En la causa contra Macri ordenó nuevas medidas de prueba sobre sociedades offshore que acaban de ser incorporadas a la investigación en la que está imputado, tras la revelación de los Panamá Papers, y pidió informes a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), confirmaron fuentes.
Casanello solicitó copia certificada de los legajos completos de las sociedades Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, entre los años 1985 y 2007. También pidió copia a la Oficina Anticorrupción de la declaración jurada de bienes presentada por Macri en 2015.
En las nuevas medidas, el juez pidió la intervención de UIF para buscar información sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de las sociedades a las que se vincula con Macri. Casanello ya había librado exhortos en busca de datos.
Entre esas sociedades están Fleg Trading LTD y Kagemusha, las dos firmas originalmente investigadas, además de Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.
En su resolución, el juez pidió a la justicia civil, que envíe una "copia certificada" de los estatutos de la sospechada Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Franco Macri, el padre de Mauricio, relacionadas a esa firma, entre 1998 y 2005.
Báez: más procesado
Casanello también amplió el procesamiento del empresario Lázaro Baez en la causa en la que ya está detenido y en prisión preventiva por maniobras de lavado de dinero.
También procesó al hijo de Lázaro, Martín Baez y amplió los embargos hasta 800 millones de pesos. Además, procesó al abogado Jorge Chueco, quien continuará en la cárcel.
En tanto, el juez requirió a Suiza la extradición de Néstor Ramos, accionista y representante legal de la empresa "Helvetic Service Group". En este tramo del caso se investiga el ingreso al país de u$s33 millones vía bonos a través de Helvetic.
El nuevo procesamiento es por su participación en el presunto lavado de dinero de $ 208 millones que ingresaron a Austral Construcción a través de 9 cheques de la financiera suiza Helvetic Service Group, la compradora de la financiera SGI, conocida como La Rosadita.