Coimas de Odebrecht: indagarán al primo de Macri, a De Vido, ex funcionarios y empresarios
BUENOS AIRES. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó a indagatoria a los acusados en la causa que investiga el pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento, entre los cuales figuran Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y el ex ministro kirchnerista Julio de Vido.
El listado incluye también a otros ex funcionarios argentinos y empresarios, además de los representantes de la constructora brasileña Odebrecht, el ex secretario de transporte Ricardo Jaime, en una ronda que comenzará en junio y concluirá con Jorge Corcho Rodríguez en octubre.
Las indagatorias pedidas por el fiscal Franco Picardi, se tomarán en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento, en las que IECSA, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- intervino como parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht. También fueron citados los demás integrantes de la UTE: representantes de Ghella, Comsa.
En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.
En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.
La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.
Las indagatorias se realizarán desde el 6 de junio con Julio De Vido y concluirán el 17 de octubre con el Corcho Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y la firma Odebrecht) bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron "modificaciones en el contrato original" que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.
Para el magistrado las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y el intercambio de e-mail donde "se habla del pago de sobornos", explicaría "el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador", que integraba entonces la constructora .