El Gobierno quiere transparentar los aportes que reciben los partidos políticos en campaña
El gobierno de Mauricio Macri intentará avanzar este año con un proyecto de ley que apunta a transparentar los fondos que reciben los partidos políticos, principalmente ante cada desafío electoral, terminando con la denominada “simulación de aportes” que dominan este costado de la política argentina.
El interés del oficialismo radicaría no solamente en los manejos de otros partidos, sino también en el propio ya que de acuerdo con informes de la campaña de octubre presentados ante la Justicia electoral, más del 80 por ciento de los donaciones a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, casi 40 millones de pesos fueron en efectivo.
Además, diarios nacionales indicaron que en el listado de contribuyentes a las nóminas que encabezaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña figuran decenas de directores y asesores provinciales cuyos desembolsos, desde 10.000 pesos en adelante, generan todo tipo de suspicacias
Ante ese panorama, que no es nuevo, el Gobierno pretende al menos ordenar las próximas recaudaciones de campaña si es que se cumple uno de los objetivos parlamentarios previsto para este año: la sanción de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.
El proyecto, si bien estaba incluido entre las prioridades del oficialismo, no se llegó a impulsar debido al fracaso de la Reforma Política en el Senado, motivo por el cual próximamente el ministro Rogelio Frigerio y el ex diputado Fernando Sánchez tienen prevista una reunión para empezar a esbozar la agenda del Congreso desde las sesiones extraordinarias de febrero.
La participación de Sánchez se confirmó recientemente con su designación como secretario de Fortalecimiento Institucional, quedando a cargo, entre otras tareas y junto a Lucia Aboud, de la relación con el Parlamento, así como la convocatoria a extraordinarias para febrero por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
El año pasado, en vísperas de la campaña legislativa y tras el fracaso de la Reforma Política, el Gobierno había empezado a promover el debate en torno a la modificación de la actual ley de financiamiento. A mediados de año, reunió en Casa Rosada a referentes de algunos de los partidos de la oposición y a referentes de organizaciones civiles como CIPPEC, Poder Ciudadano y Transparencia Internacional.
El proyecto prevé la bancarización casi total de los aportes, la habilitación de las donaciones empresarias -prohibidas en campaña-, un registro de gastos y de proveedores en tiempo real y la regulación de la colaboración de órganos como la Cámara Nacional Electoral, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, AFIP, ANSES, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción para el combate de actividades ilícitas.
En el 2015, la campaña presidencial de Cambiemos y la de otras alianzas quedaron bajo sospecha por supuestos lavados de activos a raíz de millonarios aportes realizados en efectivo.