El plan federal de reemplazo de planes sociales por empleo formal en varios sectores de la economía lo poresentará el gobierno con un acto en el interior junto a gobernadores, la CGT, organizaciones sociales oficialistas y las cámaras patronales de la construcción y la gastronomía y la hotelería junto con la estatal AySA, los rubros alcanzados por la medida.

Incluirá la coordinación de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, apuntará a suprimir un argumento opositor que martilla contra el peronismo por la persistencia en el tiempo de los programas de asistencia social.

Buscará cohesionar la alianza gobernante con señales hacia los movimientos piqueteros afines que demandan la reconversión de la ayuda social en soluciones de largo aliento. Y será, también, otro elemento para sostener el vínculo del Ejecutivo con los sindicatos tradicionales.

Uno de los hitos será la inclusión del rubro gastronómico en el diseño de la medida, pero no sólo por tratarse de una de las actividades más golpeadas por la pandemia y con mayor porcentaje de mano de obra intensiva, sino por un rasgo político: el gremio principal es el que conduce Luis Barrionuevo, enemigo principal del kirchnerismo en el arco sindical.

Para todas las actividades contempladas en el programa la premisa será la misma: capacitación a beneficiarios de planes sociales en oficios de albañilería, atención en restaurantes y hoteles y conexión de redes de agua y saneamiento, y transferencia a empleos formales en sendas actividades.

El salario a percibir de arranque por parte de los nuevos empleados será el valor de un plan Potenciar Trabajo (equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, vital y móvil) a cargo del Estado, y la diferencia con el básico de cada convenio colectivo por parte de cada empleador.

La prueba piloto se desplegó hace un mes en Concordia, Entre Ríos, con el lanzamiento del Plan de Promoción de Trabajo Registrado Rural. Consistió en habilitar la continuidad de la percepción de los planes de asistencia social para alrededor de 250 mil peones rurales en caso de ser contratados para cosechas de temporada.

El reclamo de los productores rurales en algunas economías regionales daba cuenta de la imposibilidad de contar con trabajadores para las labores de temporada por la supuesta competencia que representaban los planes sociales, sostenidos en el tiempo.

El siguiente paso para la reconversión de planes en empleo se concentrará en la construcción, uno de los sectores que primero sufre las crisis y también acusa recibo de las recuperaciones económicas, y que es más dinámico en la multiplicación de puestos laborales. Gerardo Martínez, jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), es uno de los negociadores del programa.

La mano de obra correrá por cuenta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a los principales movimientos sociales afines al Frente de Todos. El sector tiene como representante dentro del Gabinete de Alberto Fernández a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, y como referentes a nivel nacional a Esteban “Gringo” Castro y a Juan Grabois.

El plan federal de reemplazo de planes sociales por empleo formal en varios sectores de la economía lo poresentará el gobierno con un acto en el interior junto a gobernadores, la CGT, organizaciones sociales oficialistas y las cámaras patronales de la construcción y la gastronomía y la hotelería junto con la estatal AySA, los rubros alcanzados por la medida.

Incluirá la coordinación de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, apuntará a suprimir un argumento opositor que martilla contra el peronismo por la persistencia en el tiempo de los programas de asistencia social.

Buscará cohesionar la alianza gobernante con señales hacia los movimientos piqueteros afines que demandan la reconversión de la ayuda social en soluciones de largo aliento. Y será, también, otro elemento para sostener el vínculo del Ejecutivo con los sindicatos tradicionales.

Uno de los hitos será la inclusión del rubro gastronómico en el diseño de la medida, pero no sólo por tratarse de una de las actividades más golpeadas por la pandemia y con mayor porcentaje de mano de obra intensiva, sino por un rasgo político: el gremio principal es el que conduce Luis Barrionuevo, enemigo principal del kirchnerismo en el arco sindical.

Para todas las actividades contempladas en el programa la premisa será la misma: capacitación a beneficiarios de planes sociales en oficios de albañilería, atención en restaurantes y hoteles y conexión de redes de agua y saneamiento, y transferencia a empleos formales en sendas actividades.

El salario a percibir de arranque por parte de los nuevos empleados será el valor de un plan Potenciar Trabajo (equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, vital y móvil) a cargo del Estado, y la diferencia con el básico de cada convenio colectivo por parte de cada empleador.

La prueba piloto se desplegó hace un mes en Concordia, Entre Ríos, con el lanzamiento del Plan de Promoción de Trabajo Registrado Rural. Consistió en habilitar la continuidad de la percepción de los planes de asistencia social para alrededor de 250 mil peones rurales en caso de ser contratados para cosechas de temporada.

El reclamo de los productores rurales en algunas economías regionales daba cuenta de la imposibilidad de contar con trabajadores para las labores de temporada por la supuesta competencia que representaban los planes sociales, sostenidos en el tiempo.

El siguiente paso para la reconversión de planes en empleo se concentrará en la construcción, uno de los sectores que primero sufre las crisis y también acusa recibo de las recuperaciones económicas, y que es más dinámico en la multiplicación de puestos laborales. Gerardo Martínez, jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), es uno de los negociadores del programa.

La mano de obra correrá por cuenta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a los principales movimientos sociales afines al Frente de Todos. El sector tiene como representante dentro del Gabinete de Alberto Fernández a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, y como referentes a nivel nacional a Esteban “Gringo” Castro y a Juan Grabois.