El gobierno cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de U$S44.500 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio.
En un
comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que este mismo jueves el Poder Ejecutivo está enviando al Congreso de la Nación el texto del acuerdo alcanzado con el organismo internacional.
Se espera que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados lo revise a partir del lunes y que el acuerdo se trate en sesión ordinaria entre el jueves y viernes de la semana que viene.
El comunicado, difundido esta siesta, reafirma lo
señalado por el presidente Alberto Fernández el martes en la apertura de sesiones del Congreso, en lo relativo a los plazos de pago de la deuda, las tarifas de los servicios públicos, la protección del sistema jubilatorio, el desarrollo de inversiones y la promoción de la industria.
Lo informado
“Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023”, señala el comunicado oficial.
“El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, agrega.
Señala que el acuerdo logrado se inscribe en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas: EFF, por sus siglas en inglés), que incluye revisiones técnicas trimestrales del organismo durante los próximos dos años y medio.
“El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”, explica el comunicado.
El acuerdo apunta a una reducción del déficit fiscal, de 2,5% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2022, a 0,9% en 2024, metas que –según el comunicado oficial-, persiguen un apalancamiento de la recuperación económica, el fortalecimiento del crédito y la moneda.
Jubilaciones y tarifas
El comunicado oficial señala que la negociación “no prevé ninguna reforma previsional”, y que por el contrario “prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609”.
Asimismo, anuncia “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, calculadas en base al coeficiente de variación salarial establecido en la Ley N° 27.443, vetada por el entonces presidente Mauricio Macri en 2018.
Señala que el acuerdo contempla un plan energético tendiente a “incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad”.
Indica que “también hay entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”.
“Estas políticas –apunta- tratarán de potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales”.
A la par que el gobierno argentino comunicaba al país sobre la negociación cerrada, el FMI hizo pública también una
firmada por Julie Kozack, Directora Adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina.
“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre un programa económico pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar las condiciones necesarias para comenzar a atender los profundos desafíos para un crecimiento sostenible en Argentina”, señala la declaración del organismo financiero internacional.
“El programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno, que junto con otras medidas, ayudará a promover una reducción continua de la inflación a lo largo del tiempo”, agrega.
Indica que el acuerdo incluye “elementos para mejorar el crecimiento y la resiliencia a través de políticas para movilizar el ahorro interno, fortalecer aún más la gobernabilidad y la transparencia, y fomentar la inclusión laboral, de género y financiera”.
Habla de la aplicación de “medidas para alentar la inversión y promover la sostenibilidad y la eficiencia de los sectores económicos estratégicos, incluido el energético”.