A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (
DNU) 556/2021, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dispuso la creación de un organismo que se encargará de la licitación y adjudicación de la llamada Hidrovía del Paraná.
Según se desprende del DNU, el Ente Nacional de Control de la Vía Navegable dependerá del Ministerio de Transporte, pero tendrá autarquía administrativa, funcional y económico-financiera, personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
El gobierno estima que el nuevo ente servirá para abaratar los costos del transporte y ayudará a promover las inversiones y el desarrollo de emprendimientos en toda la extensión de la
hidrovía, un corredor fluvial de 1.635 kilómetros, que transporta el 81% del volumen de las exportaciones agrícolas y el 96% del tráfico de contenedores.
Cuatro PIB
Actualmente, cerca del 20 por ciento de las ventas argentinas de granos y productos derivados oleaginosos al mundo no se declara en el país y la hidrovía es el principal canal de esa evasión.
El contrabando por agua se hace a través del traspaso de carga desde buques argentinos o puertos no habilitados hacia barcazas cargueras de remolcadores paraguayos.
La privatización de los puertos en manos extranjeras facilita este tipo de delitos, que términos globales representa unos 21.000 millones de dólares anuales, equivalente a 4,4 puntos del PIB.
El flamante organismo realizará "auditoría, control, inspección, regulación y seguimiento de las materias administrativas, ambientales primarias, económico-financieras, legales, determinación y/o modificación de traza, tarifarias y técnicas de los contratos de concesión de obra pública y otros que pudieran realizarse para el desarrollo de trabajos de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento, de dragado y redragado, control hidrológico y/o de actividades complementarias a aquellos".
La medida, que resulta del Consejo Federal Hidrovía, cuenta con la participación y respaldo de los gobiernos de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.