La Iglesia reemplazará el aporte del Estado con contribuciones en sus escuelas
BUENOS AIRES ( Agencias y diarios). El Gobierno y la Conferencia Episcopal confirmaron hoy la supresión gradual de los aportes a la Iglesia Católica y su reemplazo por un aporte voluntario de las familias de los alumnos que estudian en colegios religiosos.
La medida se plasmó en una resolución que establece el proceso por el cual el Estado dejará de financiar con 130 millones de pesos a la Iglesia Católica para hacer frente a los sueldos de obispos.
A través de un régimen paulatino, las escuelas de diferentes cultos serán agentes recaudadores para recibir donaciones que serán depositadas en los cuentas de cada credo para cubrir la financiación.
Los aportes serán voluntarios y la Iglesia renunciará a la financiación estatal de manera progresiva. No habrá límites para las donaciones.
Además, se convino que el Estado dará más publicidad a las exenciones impositivas disponibles vigentes para los contribuyentes que realicen contribuciones a sus respectivas iglesias.
Hoy los aportantes pueden desgravar Ganancias y solo pueden deducir hasta el 5 por ciento, pero son pocos quienes conocen el beneficio. Se trata de una propuesta de la Conferencia Episcopal que el Gobierno aceptó.
También se facilitarán las herramientas para recibir donaciones a través de códigos on line y tarjetas de crédito. En el Ejecutivo destacaron que las nuevas herramientas tecnológicas amplían el universo de donantes.
La resolución entrará en vigor el año próximo. La Iglesia anunció que por ahora solo lo utilizará en algunas escuelas y en algunas diócesis. No hay precisiones específicas sobre el tiempo en el que la Iglesia renunciará al aporte del Estado, que figura en el Presupuesto 2019. En el Ejecutivo anticiparon que la Iglesia deberá profesionalizar la administración de sus cuentas.
Desde hace meses el secretario de Culto Alfredo Abriani negocia con representantes de la Conferencia Episcopal, que conduce Oscar Ojea, el mecanismo para que el Estado deje de financiar a la Iglesia de manera directa, al que estaba obligado por la ley 22162, de sostenimiento del culto, sancionada durante la última dictadura.