Tucumán quiere retroceder un siglo: Legisladores “providas” intentan que mujeres violadas no puedan abortar
TUCUMÁN. Un proyecto presentado con la firma de más de la mitad de los legisladores tucumanos pretende declarar ilegales las causas de interrupción del embarazo que el Código Penal habilita desde 1921. La norma contradice al Código Penal y al fallo de la Corte Suprema que fijó la actual jurisprudencia sobre el tema.
Un grupo de 29 legisladores de Tucumán -más de la mitad de la Legislatura local-, presentó un proyecto de ley para que el aborto en casos de violación esté prohibido. La iniciativa desató controversia por tratarse de una práctica habilitada por el Código Penal, prevista en el anteproyecto de reforma e incluso avalada por la Jurisprudencia de la Corte Suprema.
La polémica iniciativa fue impulsada por el diputado Marcelo Caponio (PJ), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales del Parlamento provincial, quien aseguró que “respetamos todas las normas y lo establecido en la Carta Magna. No vamos en contra de ningún artículo. Estamos avanzando para que no quede en una cuestión declamativa, sino que el Estado esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas”.
En sus fundamentos, el retrógrado proyecto se presenta como “pionero”, tal como tituló en su portada el conservador diario local La Gaceta: “El proyecto se inspira en la legislación provida más avanzada: la ley 6/2009 de la Generalitat de Valencia (España), pionera en cuanto a medidas positivas de protección integral, tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer”, explicó Caponio. Esa norma fue derogada en Valencia en 2017.
El artículo 4° del proyecto roza el medievalismo y es taxativo: “Queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”. De hecho, el texto del proyecto establece “la prohibición de discriminar al niño por nacer en ‘niños deseados’ o ‘no deseados’”, considerando que inducir a una mujer a abortar, en cualquier caso, es “violencia”.
Según publica Infobae el proyecto había sido presentado en la anterior composición de la Legislatura, pero perdió estado parlamentario por falta de tratamiento. Sin embargo esta vez la adhesión fue inusual. Es la legislación que tiene más voluntades a favor en lo que va del año y cuenta con el apoyo de oficialistas y opositores, entre los que se destacan las peronistas Graciela Medina, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, y Sara Alejandra Assán, de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad.
El inédito retroceso jurídico que se puso en marcha en Tucumán ya empezó a cosechar rechazos desde todos los ámbitos. “Repudiamos el desconocimiento total del orden constitucional que revela la propuesta de proyecto de yey presentado con la firma de 29 legisladores con la finalidad de crear barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1921 por el ordenamiento penal”, comienza un comunicado de la fundación tucumana Mujeres x Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir, suscrito por Aministía Internacional, el CELS, ELA y otras organizaciones.