Abrir el cofre de las declaraciones juradas

Por estos días también comenzó a debatirse dentro del ámbito de Encuentro Misionero las reelecciones indefinidas de intendentes. Se habló de reemplazar los liderazgos prolongados, también se dijo que la limitación de mandatos traerá oxigenación de la política. Como era de esperarse la idea no cayó nada bien entre los alcaldes que buscan ser reelectos y ya tienen varias gestiones sobre el lomo.

Si la reforma electoral que impulsa Encuentro Misionero pone un coto razonable a las reelecciones, espero que los partidos opositores apoyen. Dos periodos consecutivos sería lo más justo, como en el caso del cargo de gobernador. En 2006 el pueblo de Misiones dijo No a las reelecciones indefinidas.

La necesidad de poner límites temporales a los gobernantes es antiquísima. Aristóteles, en su obra Política, ya había escrito que la verdadera democracia se basa en “gobernar y ser gobernado alternativamente”. Había advertido que cuando un grupo o individuo se perpetúa en el cargo, se crea una clase política profesional desconectada de la realidad que termina utilizando el Estado para su propio beneficio, degenerando la república en una oligarquía o tiranía. Quién se iba a imaginar que a pocos meses de cumplirse veinte años de la victoria del exobispo emérito Joaquín Piña, referentes de la Renovación iban a poner sobre la mesa de discusión las reelecciones de los intendentes. Saben qué pienso, que eso se llama madurez política.

Ese mismo camino de madurez y debate debería extenderse, de manera natural, hacia las normas que regulan la transparencia. Por ejemplo, la legislación local que regula el control patrimonial de los funcionarios públicos quedó desactualizada frente a los estándares modernos. En nuestra provincia rige la Ley IV - Nº 21 del Digesto Jurídico (ley 2666), la cual determina que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios —tanto provinciales como municipales— revisten un carácter estrictamente reservado y confidencial, quedando resguardadas bajo llave en la Fiscalía de Estado.

Aquí es donde nos encontramos con un marcado absurdo institucional. Para que un ciudadano común o un periodista de investigación tengan acceso a revisar el patrimonio de un funcionario bajo sospecha, es indispensable la existencia previa de una causa penal y la firma de una orden expresa por parte de un juez. Esto implica que el control nunca opera de forma preventiva ni ciudadana; el secreto patrimonial solo se rompe de manera tardía, cuando el presunto delito ya fue consumado y se encuentra en manos de la Justicia de la provincia.

Este panorama plantea un fuerte contraste con el espejo nacional y expone una profunda contradicción federal. A nivel de la Nación, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) obliga a los integrantes de los tres poderes a presentar declaraciones juradas de carácter plenamente público y libre consulta. Cualquier persona puede ingresar a la web de la Oficina Anticorrupción y puede pedir en detalle los bienes de los funcionarios nacionales.

La asimetría en la vereda local es evidente: un diputado nacional por Misiones tiene su patrimonio expuesto al control permanente de toda la ciudadanía. En cambio, un diputado provincial, un ministro del gabinete local o el intendente de cualquier municipio se amparan en el secreto absoluto que provee la Ley IV - Nº 21. Cabe preguntarse, entonces, por qué la riqueza de un funcionario de la Nación es pública y la de uno provincial se mantiene como un secreto de Estado.

La transparencia y la ética no deberían ser discursos vacíos para campañas electorales ni conceptos teóricos destinados a debatirse de forma abstracta en seminarios. Estas virtudes se miden en la realidad fáctica de los hechos, abriendo los números de cara a la gente simple. Quien toma la decisión de administrar los recursos de todos los ciudadanos asume la obligación elemental de transparentar con qué patrimonio entró y con cuál se va de la función pública.

Frente a esto, el argumento oficialista suele sostener que el Estado ya ejerce el control necesario a través de organismos burocráticos como la Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la realidad demuestra que ningún organismo cerrado reemplaza el ojo vigilante de la sociedad civil. La apertura pública es el único antídoto real y preventivo contra el enriquecimiento ilícito.

La provincia cuenta formalmente en sus papeles con la Ley IV – Nº 58 (anteriormente Ley 4474), sancionada en junio de 2012 por la Cámara de Representantes, que regula el Libre Acceso a la Información Pública. Esta norma consagra el derecho de toda persona física o jurídica a solicitar y recibir información completa, adecuada y veraz de toda la administración pública provincial, entes autárquicos y sociedades con participación estatal, bajo los principios de gratuidad, informalidad y sencillez, sin necesidad de justificar los motivos de la petición.

Sabiendo que esta ley existe y define con claridad qué se considera información pública, el problema real no radica en un vacío legal, sino en la inaplicabilidad práctica y la letra chica de la propia norma. El Estado provincial se ampara sistemáticamente en la lista de excepciones contemplada en el artículo 6 —como la reserva de notas internas con recomendaciones o los datos que afecten intereses legítimos de terceros— para denegar las peticiones en las mesas de entradas, transformando el acceso en una carrera de obstáculos.