Por Cristian Castro

 

En el debate yerbatero suele instalarse una idea simplista: “hay mucha yerba, por eso baja el precio”. Los datos muestran que eso no alcanza para explicar la crisis actual.

Entre 2021 y 2025 la producción de hoja verde prácticamente no cambió: pasó de 882 millones a 889 millones de kilos, un aumento marginal del 0,8%. No hubo una explosión productiva ni un desborde de oferta que justifique el derrumbe del precio al productor.

Sin embargo, cuando se mira el consumo total neto, el panorama es distinto: creció 7,7%, impulsado principalmente por las exportaciones, que aumentaron 63,3%. Es decir, la yerba se vende más, especialmente hacia afuera, aun cuando el consumo interno cayó por pérdida del poder adquisitivo.

El punto clave aparece en la relación oferta–demanda de hoja verde.

En 2021 la demanda prácticamente absorbía la producción: la diferencia era de apenas 7,2 millones de kilos, un mercado relativamente equilibrado. En ese contexto, con el Inym activo regulando precios, plazos y condiciones de pago, el productor cobraba bien y cobraba en tiempo. El precio de la hoja verde no era un regalo del mercado: era el resultado de reglas claras y poder de negociación equilibrado.

En 2025 ocurre algo aparentemente contradictorio: la demanda crece fuerte (941 millones de kilos, +7,7%), incluso supera ampliamente a la oferta, pero el sistema muestra un “excedente negativo” de más de 52 millones de kilos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la industria compra más de lo que se produce, pero lo hace en condiciones cada vez más desiguales para el productor.

Aquí aparece el factor político y estructural: la desregulación del mercado yerbatero y el vaciamiento de las funciones del Inym. Sin un precio efectivo de referencia, sin control de plazos de pago y sin sanciones reales, el “libre mercado” no generó competencia sino concentración de poder en la industria.

El resultado es conocido por todos en la chacra: precios por debajo de los costos, pagos a 90, 120 o 180 días, cheques rechazados y productores financiando a molinos y exportadores.

La discusión de fondo no es técnica, es política: o la yerba mate se gobierna con criterios de equilibrio social y productivo, o se transforma en un negocio financiero donde el pequeño productor queda condenado a perder, aun cuando la yerba se venda más que nunca.

Por Cristian Castro

 

En el debate yerbatero suele instalarse una idea simplista: “hay mucha yerba, por eso baja el precio”. Los datos muestran que eso no alcanza para explicar la crisis actual.

Entre 2021 y 2025 la producción de hoja verde prácticamente no cambió: pasó de 882 millones a 889 millones de kilos, un aumento marginal del 0,8%. No hubo una explosión productiva ni un desborde de oferta que justifique el derrumbe del precio al productor.

Sin embargo, cuando se mira el consumo total neto, el panorama es distinto: creció 7,7%, impulsado principalmente por las exportaciones, que aumentaron 63,3%. Es decir, la yerba se vende más, especialmente hacia afuera, aun cuando el consumo interno cayó por pérdida del poder adquisitivo.

El punto clave aparece en la relación oferta–demanda de hoja verde.

En 2021 la demanda prácticamente absorbía la producción: la diferencia era de apenas 7,2 millones de kilos, un mercado relativamente equilibrado. En ese contexto, con el Inym activo regulando precios, plazos y condiciones de pago, el productor cobraba bien y cobraba en tiempo. El precio de la hoja verde no era un regalo del mercado: era el resultado de reglas claras y poder de negociación equilibrado.

En 2025 ocurre algo aparentemente contradictorio: la demanda crece fuerte (941 millones de kilos, +7,7%), incluso supera ampliamente a la oferta, pero el sistema muestra un “excedente negativo” de más de 52 millones de kilos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la industria compra más de lo que se produce, pero lo hace en condiciones cada vez más desiguales para el productor.

Aquí aparece el factor político y estructural: la desregulación del mercado yerbatero y el vaciamiento de las funciones del Inym. Sin un precio efectivo de referencia, sin control de plazos de pago y sin sanciones reales, el “libre mercado” no generó competencia sino concentración de poder en la industria.

El resultado es conocido por todos en la chacra: precios por debajo de los costos, pagos a 90, 120 o 180 días, cheques rechazados y productores financiando a molinos y exportadores.

La discusión de fondo no es técnica, es política: o la yerba mate se gobierna con criterios de equilibrio social y productivo, o se transforma en un negocio financiero donde el pequeño productor queda condenado a perder, aun cuando la yerba se venda más que nunca.