Por: Rosi Kurtz

@rosikurtz

Los misioneros estamos sometidos a la Ley de Lemas y Sublemas en la provincia, un sistema electoral que, lejos de promover la transparencia y la representatividad, se convierte en un mecanismo de distorsión de la voluntad popular. Este sistema, vigente hace varias décadas en Misiones, otorga excesivas facilidades de perpetuarse en el poder durante años, no refleja de manera fiel las preferencias de los votantes, y significa un gasto excesivo que puede destinarse a muchas otras necesidades.

En términos rápidos, esta ley permite, dentro de un mismo partido político o frente electoral, diferentes candidatos compitan bajo un lema común, pero con sublemas que pueden diferir en sus propuestas y objetivos. Este mecanismo resulta en una compleja lucha en la que los votantes terminan eligiendo no a un único candidato que los represente, sino a una amalgama de figuras que, por sus diferencias, no necesariamente reflejan sus intereses o convicciones.

Uno de los principales problemas de este sistema es que desvirtúa el principio de representación. Los votantes, al ejercer su derecho al voto, lo hacen pensando en un candidato concreto, en una propuesta clara. Sin embargo, la Ley de Lemas permite que un candidato reciba un número de votos que, en realidad, corresponde a otro candidato con quien no tiene ningún tipo de vinculación política ni ideológica. Esto puede resultar en que un candidato con pocos votos personales termine ganando una elección gracias a los demás candidatos que se alinean con su lema.

Lamentablemente, Misiones continúa siendo una de las únicas dos provincias de toda la Argentina que mantiene este sistema que favorece el clientelismo político a costa de las cajas provinciales con recursos públicos. La fragmentación de los votos dentro de un mismo partido genera un escenario en el que los acuerdos informales y las alianzas dentro de ellos, se priorizan por sobre las propuestas ideológicas o programáticas. Así, los ciudadanos se ven atrapados en una dinámica electoral que premia a aquellos que saben jugar mejor con las reglas del sistema y a quienes poseen mayor capital económico para solventar una cantidad de candidatos que no necesariamente ofrecen las mejores ideas o propuestas para el presente y futuro de la provincia.

Es evidente que la Ley de Lemas y Sublemas contribuye a la perpetuación del poder político en manos de unos pocos actores, y es por eso que a Misiones la conduce la misma fuerza política desde hace más de 20 años. El sistema favorece al partido que tiene al frente al ingeniero Carlos Eduardo Rovira, con recursos y capacidad para manejar múltiples sublemas a lo largo y ancho de la provincia. Esto deja política real, y muchos ciudadanos se sienten desconectados o incluso engañados por un sistema que, más que garantizarles una elección democrática, termina configurando un escenario en el que el poder es definido a dedo, y no por un verdadero debate democrático.

Por: Rosi Kurtz

@rosikurtz

Los misioneros estamos sometidos a la Ley de Lemas y Sublemas en la provincia, un sistema electoral que, lejos de promover la transparencia y la representatividad, se convierte en un mecanismo de distorsión de la voluntad popular. Este sistema, vigente hace varias décadas en Misiones, otorga excesivas facilidades de perpetuarse en el poder durante años, no refleja de manera fiel las preferencias de los votantes, y significa un gasto excesivo que puede destinarse a muchas otras necesidades.

En términos rápidos, esta ley permite, dentro de un mismo partido político o frente electoral, diferentes candidatos compitan bajo un lema común, pero con sublemas que pueden diferir en sus propuestas y objetivos. Este mecanismo resulta en una compleja lucha en la que los votantes terminan eligiendo no a un único candidato que los represente, sino a una amalgama de figuras que, por sus diferencias, no necesariamente reflejan sus intereses o convicciones.

Uno de los principales problemas de este sistema es que desvirtúa el principio de representación. Los votantes, al ejercer su derecho al voto, lo hacen pensando en un candidato concreto, en una propuesta clara. Sin embargo, la Ley de Lemas permite que un candidato reciba un número de votos que, en realidad, corresponde a otro candidato con quien no tiene ningún tipo de vinculación política ni ideológica. Esto puede resultar en que un candidato con pocos votos personales termine ganando una elección gracias a los demás candidatos que se alinean con su lema.

Lamentablemente, Misiones continúa siendo una de las únicas dos provincias de toda la Argentina que mantiene este sistema que favorece el clientelismo político a costa de las cajas provinciales con recursos públicos. La fragmentación de los votos dentro de un mismo partido genera un escenario en el que los acuerdos informales y las alianzas dentro de ellos, se priorizan por sobre las propuestas ideológicas o programáticas. Así, los ciudadanos se ven atrapados en una dinámica electoral que premia a aquellos que saben jugar mejor con las reglas del sistema y a quienes poseen mayor capital económico para solventar una cantidad de candidatos que no necesariamente ofrecen las mejores ideas o propuestas para el presente y futuro de la provincia.

Es evidente que la Ley de Lemas y Sublemas contribuye a la perpetuación del poder político en manos de unos pocos actores, y es por eso que a Misiones la conduce la misma fuerza política desde hace más de 20 años. El sistema favorece al partido que tiene al frente al ingeniero Carlos Eduardo Rovira, con recursos y capacidad para manejar múltiples sublemas a lo largo y ancho de la provincia. Esto deja política real, y muchos ciudadanos se sienten desconectados o incluso engañados por un sistema que, más que garantizarles una elección democrática, termina configurando un escenario en el que el poder es definido a dedo, y no por un verdadero debate democrático.