2. A esta causal contemplada en el orden nacional, el proyecto ingresado a la Cámara de Representantes agrega las siguientes:

a. Las personas inscriptas como deudores alimentarios morosos;

b. Las personas que mantienen deudas exigibles con el fisco provincial o municipal. Para este supuesto habría que agregar que las deudas además de exigibles deben estar firmes, es decir que ya no sean susceptibles de reclamo alguno por parte del contribuyente. De lo contrario, se estaría violando el principio constitucional de defensa en juicio, máxime considerando la voracidad fiscal del fisco provincial y de los municipios.

c. Quienes en una causa tengan un requerimiento de elevación a juicio o sufran una prisión preventiva originados en la comisión de ciberdelitos. Aquí se establece la inegibilidad cuando aún no hay siquiera fallo en primera instancia.

d. Las personas que posean 3 o más infracciones graves de tránsito -en el ámbito  municipal o provincial- acreditadas en los últimos 2 años previos a la oficialización de listas. Este punto contiene varios y peligrosos inconvenientes, a saber:

i. ¿Qué se entiende por infracciones graves? ¿Queda su interpretación a criterio del Tribunal Electoral?

ii. ¿Rige aun cuando el infractor hubiere abonado las multas correspondientes? Obsérvese que habla de poseer 3 o más infracciones y no de mantener una deuda por las mismas. Es decir, pagar la multa no extingue el poseer las  infracciones.

iii. Lo más grave: iguala el concepto de infracción al de delito. La primera es una  falta por incumplimiento de normas administrativas o reglamentos municipales generalmente penados con una multa, mientras que el delito está  tipificado en el Código Penal por vulneración de valores fundamentales de la sociedad y está penado con la privación de la libertad.

A la enorme carga administrativa que presupone para la autoridad de aplicación poder comprobar - con el certificado pertinente que tendrá que aportar cada candidato-, si está o no en condiciones de serlo, se agrega además la presentación de un certificado de aptitud toxicológica emitido por un  organismo público de salud, obtenido mediante el análisis de orina, saliva, folículo piloso y sangre.

Es fácil poder imaginar que, cuando el pretendido candidato pueda completar toda la documentación exigida, probablemente las elecciones ya habrán transcurrido.

Pero además en Misiones, con la nefasta Ley de Lemas, solamente en el ámbito municipal en las  elecciones de 2023 hubieron cerca de 10.000 (diez mil, sí) candidatos a intendentes y concejales. ¿Cómo harán para poder obtener todo el fárrago documental que exige el proyecto? Un disparate.

Como si faltara algo, el proyecto amenaza con sancionar a los partidos políticos que presenten candidatos incursos en alguna de las causales establecidas, hasta con la pérdida de la personería política.

El derecho de defensa queda aquí herido de muerte, ya que ante cualquier impugnación del Tribunal, y dada la estrechez de los plazos electorales que siguen corriendo, cuando el trámite finalmente se  resuelva ya habrán vencido todos los plazos y el candidato habrá quedado sin la posibilidad de  competir.

2. A esta causal contemplada en el orden nacional, el proyecto ingresado a la Cámara de Representantes agrega las siguientes:

a. Las personas inscriptas como deudores alimentarios morosos;

b. Las personas que mantienen deudas exigibles con el fisco provincial o municipal. Para este supuesto habría que agregar que las deudas además de exigibles deben estar firmes, es decir que ya no sean susceptibles de reclamo alguno por parte del contribuyente. De lo contrario, se estaría violando el principio constitucional de defensa en juicio, máxime considerando la voracidad fiscal del fisco provincial y de los municipios.

c. Quienes en una causa tengan un requerimiento de elevación a juicio o sufran una prisión preventiva originados en la comisión de ciberdelitos. Aquí se establece la inegibilidad cuando aún no hay siquiera fallo en primera instancia.

d. Las personas que posean 3 o más infracciones graves de tránsito -en el ámbito  municipal o provincial- acreditadas en los últimos 2 años previos a la oficialización de listas. Este punto contiene varios y peligrosos inconvenientes, a saber:

i. ¿Qué se entiende por infracciones graves? ¿Queda su interpretación a criterio del Tribunal Electoral?

ii. ¿Rige aun cuando el infractor hubiere abonado las multas correspondientes? Obsérvese que habla de poseer 3 o más infracciones y no de mantener una deuda por las mismas. Es decir, pagar la multa no extingue el poseer las  infracciones.

iii. Lo más grave: iguala el concepto de infracción al de delito. La primera es una  falta por incumplimiento de normas administrativas o reglamentos municipales generalmente penados con una multa, mientras que el delito está  tipificado en el Código Penal por vulneración de valores fundamentales de la sociedad y está penado con la privación de la libertad.

A la enorme carga administrativa que presupone para la autoridad de aplicación poder comprobar - con el certificado pertinente que tendrá que aportar cada candidato-, si está o no en condiciones de serlo, se agrega además la presentación de un certificado de aptitud toxicológica emitido por un  organismo público de salud, obtenido mediante el análisis de orina, saliva, folículo piloso y sangre.

Es fácil poder imaginar que, cuando el pretendido candidato pueda completar toda la documentación exigida, probablemente las elecciones ya habrán transcurrido.

Pero además en Misiones, con la nefasta Ley de Lemas, solamente en el ámbito municipal en las  elecciones de 2023 hubieron cerca de 10.000 (diez mil, sí) candidatos a intendentes y concejales. ¿Cómo harán para poder obtener todo el fárrago documental que exige el proyecto? Un disparate.

Como si faltara algo, el proyecto amenaza con sancionar a los partidos políticos que presenten candidatos incursos en alguna de las causales establecidas, hasta con la pérdida de la personería política.

El derecho de defensa queda aquí herido de muerte, ya que ante cualquier impugnación del Tribunal, y dada la estrechez de los plazos electorales que siguen corriendo, cuando el trámite finalmente se  resuelva ya habrán vencido todos los plazos y el candidato habrá quedado sin la posibilidad de  competir.