El gobernador Passalacqua anunció una reducción de ministerios de cara al Presupuesto 2027. La Cámara de Representantes avanza con una ley para construir un Estado simplificado, eficiente y moderno en beneficio del ciudadano. Las dos propuestas hablan de eficiencia. Pero no dicen lo mismo.
Existe una narrativa muy cómoda en la política argentina que dice que el Estado es caro porque tiene muchos ministerios. Si eso fuera cierto, la solución sería sencilla: juntás dos, ponés un solo ministro donde antes había dos, cambiás el membrete y listo. El presupuesto baja, la eficiencia sube, el ciudadano aplaude.
El problema es que eso no pasa. No pasó en ningún lugar donde se probó. Y en Argentina, con Milei, lo vimos en tiempo real y con un nivel de exposición mediática que no dejaba margen para la duda: se disolvieron carteras, se crearon mega-ministerios, se suprimieron organismos enteros. El expediente siguió tardando lo mismo. La ventanilla siguió pidiendo los mismos papeles. El ciudadano siguió haciendo la misma fila.
La razón es simple: el costo del Estado no está en la cantidad de ministerios. Está en cómo funciona adentro. La fusión mágica de estructuras sin tocar los procesos no genera ningún ahorro y no cambia nada para quien lo padece desde afuera. Es como juntar dos cajones desordenados en uno solo: no ordenaste nada, tenés el mismo caos pero más apilado.
Súper ministerios como ilusión de control
Detrás de la lógica de reducir ministerios hay una confusión conceptual sobre la que conviene poner luz: se toma la forma por el fondo. Se cree que achicar el organigrama es lo mismo que achicar el gasto, y que concentrar funciones en menos manos es lo mismo que ejecutarlas mejor.
No lo es. Un súper ministerio que absorbe tres carteras sin rediseñar sus circuitos internos no ahorra: traslada. Traslada el conflicto de coordinación hacia adentro, lo vuelve invisible al debate público, y deja al ciudadano sin un interlocutor claro para su problema. Lo que era una disputa entre organismos pasa a ser una disputa entre direcciones del mismo ministerio. El resultado para quien necesita resolver algo es exactamente el mismo: nadie sabe bien de quién es el problema. El súper ministerio no elimina la burocracia. La concentra. Y la burocracia concentrada es más difícil de ver, más difícil de corregir y más difícil de responsabilizar.
Hay además una dimensión política que vale la pena señalar. Concentrar poder en menos estructuras no es neutro: es una forma de disciplinamiento. Se reduce la cantidad de actores con capacidad de agenda, se centraliza la toma de decisiones, y se acota el margen de acción de sectores que antes tenían su propio espacio institucional. Eso puede ser legítimo o no, pero no es eficiencia. Es otra cosa.
El gobernador Passalacqua anunció una reducción de ministerios de cara al Presupuesto 2027. La Cámara de Representantes avanza con una ley para construir un Estado simplificado, eficiente y moderno en beneficio del ciudadano. Las dos propuestas hablan de eficiencia. Pero no dicen lo mismo.
Existe una narrativa muy cómoda en la política argentina que dice que el Estado es caro porque tiene muchos ministerios. Si eso fuera cierto, la solución sería sencilla: juntás dos, ponés un solo ministro donde antes había dos, cambiás el membrete y listo. El presupuesto baja, la eficiencia sube, el ciudadano aplaude.
El problema es que eso no pasa. No pasó en ningún lugar donde se probó. Y en Argentina, con Milei, lo vimos en tiempo real y con un nivel de exposición mediática que no dejaba margen para la duda: se disolvieron carteras, se crearon mega-ministerios, se suprimieron organismos enteros. El expediente siguió tardando lo mismo. La ventanilla siguió pidiendo los mismos papeles. El ciudadano siguió haciendo la misma fila.
La razón es simple: el costo del Estado no está en la cantidad de ministerios. Está en cómo funciona adentro. La fusión mágica de estructuras sin tocar los procesos no genera ningún ahorro y no cambia nada para quien lo padece desde afuera. Es como juntar dos cajones desordenados en uno solo: no ordenaste nada, tenés el mismo caos pero más apilado.
Súper ministerios como ilusión de control
Detrás de la lógica de reducir ministerios hay una confusión conceptual sobre la que conviene poner luz: se toma la forma por el fondo. Se cree que achicar el organigrama es lo mismo que achicar el gasto, y que concentrar funciones en menos manos es lo mismo que ejecutarlas mejor.
No lo es. Un súper ministerio que absorbe tres carteras sin rediseñar sus circuitos internos no ahorra: traslada. Traslada el conflicto de coordinación hacia adentro, lo vuelve invisible al debate público, y deja al ciudadano sin un interlocutor claro para su problema. Lo que era una disputa entre organismos pasa a ser una disputa entre direcciones del mismo ministerio. El resultado para quien necesita resolver algo es exactamente el mismo: nadie sabe bien de quién es el problema. El súper ministerio no elimina la burocracia. La concentra. Y la burocracia concentrada es más difícil de ver, más difícil de corregir y más difícil de responsabilizar.
Hay además una dimensión política que vale la pena señalar. Concentrar poder en menos estructuras no es neutro: es una forma de disciplinamiento. Se reduce la cantidad de actores con capacidad de agenda, se centraliza la toma de decisiones, y se acota el margen de acción de sectores que antes tenían su propio espacio institucional. Eso puede ser legítimo o no, pero no es eficiencia. Es otra cosa.
Cuando se discute la estructura del Estado, la pregunta que casi nunca aparece es la más importante: ¿qué experimenta la persona que necesita usarlo?
Pensemos en alguien que vive en El Soberbio, tiene un emprendimiento y necesita una habilitación. Hoy ese trámite puede implicar varios viajes a Posadas, documentación que ya presentó en otro organismo, formularios que nadie sabe bien dónde están, y tiempos que no tienen ninguna lógica más allá del hábito institucional. Ahora bien: si ese mismo ciudadano se entera de que el Ministerio A y el Ministerio B se fusionaron en el Ministerio AB, ¿le cambió algo? ¿Viaja menos? ¿Presenta menos papeles? ¿Tarda menos?
La respuesta es no. Y eso debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre reforma del Estado.
El verdadero cambio
El proyecto de ley que los diputados Carlos Rovira y Paula Franco presentaron en la Cámara de Representantes no se pregunta cuántas áreas tiene el Poder Ejecutivo, sino de qué le pasa al ciudadano de a pie cuando tiene que interactuar con él.
El principio central es uno que parece de sentido común pero que ningún gobierno termina de aplicar: si el Estado ya tiene un dato, no puede volver a pedirselo al ciudadano. Esa sola regla, aplicada en serio, elimina una porción enorme del padecimiento burocrático cotidiano. El DNI que se pide cinco veces. El certificado que expide un organismo y lo exige otro. La constancia de domicilio que ya obra en poder de la municipalidad.
A eso se le suma la propuesta de una arquitectura digital pensada para la realidad provincial: identidad digital única, portal unificado de trámites, disponibilidad 24x7 de servicios, como respuesta concreta a ciudadanos que no pueden tomarse el día para ir a una oficina.
Y hay algo más que distingue esta propuesta: no abandona a quienes no pueden subirse a la plataforma. Adultos mayores, personas con discapacidad, zonas sin cobertura: el proyecto obliga a mantener atención presencial y a extender infraestructura de conectividad. La modernización que excluye no es modernización.
Esto no es una ocurrencia local. Es la dirección que tomaron los Estados modernos más eficientes del mundo. Estonia digitalizó casi la totalidad de sus trámites públicos bajo el mismo principio: el ciudadano declara sus datos una sola vez y el Estado los comparte internamente. El Reino Unido tiene desde 2012 un portal único de servicios gubernamentales que unificó cientos de plataformas dispersas en una sola entrada. Nueva Zelanda y los países nórdicos aplican hace años la interoperabilidad entre organismos como estándar, no como excepción. En todos los casos el resultado fue el mismo: menos tiempo perdido por el ciudadano, menos duplicación de recursos por el Estado, más confianza institucional. Ninguno lo logró fusionando ministerios. Lo lograron rediseñando cómo el Estado se relaciona con las personas.
Dos concepciones del Estado
En el fondo, lo que está en discusión no es técnico. Es político en el sentido más profundo del término: de qué sirve el Estado y para quién existe.
Una visión lo concibe como una estructura que hay que reducir porque es costosa en sí misma, cuya eficiencia se mide en cantidad de organismos. Voluntarismo a la carta.
La otra lo concibe como un instrumento al servicio de las personas: un Estado simplificado, eficiente y moderno que existe en beneficio del ciudadano, cuya eficiencia se mide en tiempo ahorrado, en viajes evitados, en trámites que se resuelven sin que nadie tenga que perseguir al Estado para que haga lo que ya debería saber hacer.
El gobernador propuso una cosa. La Cámara impulsa la otra. La pregunta es cuál de las dos le cambia algo a la gente.
Reemplazar el cartel en la puerta del ministerio no le cambia nada a nadie. Que el misionero deje de ser un cadete que lleva papeles de una oficina estatal a otra, sí.
La pregunta que nadie hace
Cuando se discute la estructura del Estado, la pregunta que casi nunca aparece es la más importante: ¿qué experimenta la persona que necesita usarlo?
Pensemos en alguien que vive en El Soberbio, tiene un emprendimiento y necesita una habilitación. Hoy ese trámite puede implicar varios viajes a Posadas, documentación que ya presentó en otro organismo, formularios que nadie sabe bien dónde están, y tiempos que no tienen ninguna lógica más allá del hábito institucional. Ahora bien: si ese mismo ciudadano se entera de que el Ministerio A y el Ministerio B se fusionaron en el Ministerio AB, ¿le cambió algo? ¿Viaja menos? ¿Presenta menos papeles? ¿Tarda menos?
La respuesta es no. Y eso debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre reforma del Estado.
El verdadero cambio
El proyecto de ley que los diputados Carlos Rovira y Paula Franco presentaron en la Cámara de Representantes no se pregunta cuántas áreas tiene el Poder Ejecutivo, sino de qué le pasa al ciudadano de a pie cuando tiene que interactuar con él.
El principio central es uno que parece de sentido común pero que ningún gobierno termina de aplicar: si el Estado ya tiene un dato, no puede volver a pedirselo al ciudadano. Esa sola regla, aplicada en serio, elimina una porción enorme del padecimiento burocrático cotidiano. El DNI que se pide cinco veces. El certificado que expide un organismo y lo exige otro. La constancia de domicilio que ya obra en poder de la municipalidad.
A eso se le suma la propuesta de una arquitectura digital pensada para la realidad provincial: identidad digital única, portal unificado de trámites, disponibilidad 24x7 de servicios, como respuesta concreta a ciudadanos que no pueden tomarse el día para ir a una oficina.
Y hay algo más que distingue esta propuesta: no abandona a quienes no pueden subirse a la plataforma. Adultos mayores, personas con discapacidad, zonas sin cobertura: el proyecto obliga a mantener atención presencial y a extender infraestructura de conectividad. La modernización que excluye no es modernización.
Esto no es una ocurrencia local. Es la dirección que tomaron los Estados modernos más eficientes del mundo. Estonia digitalizó casi la totalidad de sus trámites públicos bajo el mismo principio: el ciudadano declara sus datos una sola vez y el Estado los comparte internamente. El Reino Unido tiene desde 2012 un portal único de servicios gubernamentales que unificó cientos de plataformas dispersas en una sola entrada. Nueva Zelanda y los países nórdicos aplican hace años la interoperabilidad entre organismos como estándar, no como excepción. En todos los casos el resultado fue el mismo: menos tiempo perdido por el ciudadano, menos duplicación de recursos por el Estado, más confianza institucional. Ninguno lo logró fusionando ministerios. Lo lograron rediseñando cómo el Estado se relaciona con las personas.
Dos concepciones del Estado
En el fondo, lo que está en discusión no es técnico. Es político en el sentido más profundo del término: de qué sirve el Estado y para quién existe.
Una visión lo concibe como una estructura que hay que reducir porque es costosa en sí misma, cuya eficiencia se mide en cantidad de organismos. Voluntarismo a la carta.
La otra lo concibe como un instrumento al servicio de las personas: un Estado simplificado, eficiente y moderno que existe en beneficio del ciudadano, cuya eficiencia se mide en tiempo ahorrado, en viajes evitados, en trámites que se resuelven sin que nadie tenga que perseguir al Estado para que haga lo que ya debería saber hacer.
El gobernador propuso una cosa. La Cámara impulsa la otra. La pregunta es cuál de las dos le cambia algo a la gente.
Reemplazar el cartel en la puerta del ministerio no le cambia nada a nadie. Que el misionero deje de ser un cadete que lleva papeles de una oficina estatal a otra, sí.
¿Simplificar el Estado? Hagámoslo en serio | La Voz de Misiones