Jefe de fiscales federales acusado de múltiples delitos espera junta médica
Después de diez meses de investigación, el futuro inmediato del expediente que se instruye contra el fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría, acusado de una multiplicidad de delitos, hoy depende de una junta médica.
La medida, solicitada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, fue autorizada en diciembre del año pasado por el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, y establecida para su realización el 9 de marzo próximo.
El procedimiento busca profundizar en el cuadro depresivo que González Glaría aduce padecer en sus certificados médicos y determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la audiencia de declaración indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso que se lleva en su contra desde abril de 2021.
El pedido de la junta médica es la última carta jugada por Turano -que incluso pidió contar con un perito de parte en el procedimiento- para conseguir que el fiscal denunciado comparezca a declarar por las denuncias que lo tienen bajo la lupa.
González Glaría, el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, tuvo dos llamados a indagatoria (en octubre y en noviembre de 2021) y ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban "trastorno depresivo" y recomendaban 30 días de reposo.
Fue tras esa última postergación de noviembre que Turano solicitó que el implicado entonces sea evaluado por una junta de profesionales en la salud y el juez Casals dio lugar, pero ahora se suma una nueva presentación que debe ser analizada por las autoridades antes de llevar adelante el procedimiento médico, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Es que el viernes pasado, apenas culminada la feria judicial, el defensor particular del fiscal investigado, el letrado Hugo Zapana, presentó un nuevo escrito solicitando la suspensión de todas las medidas procesales hacia su cliente, argumentando "razones humanitarias" y adjuntando estudios clínicos que sostienen que la depresión de González Glaría se debe a un tratamiento oncológico intensivo que afronta desde noviembre del 2021.
Las mismas fuentes detallaron que el pedido sostiene que el imputado debe realizar "reposo absoluto domiciliario", teniendo "vedado cumplir funciones laborales o administrativas".
También se indica que el tratamiento oncológico se extenderá hasta mayo y que luego González Glaría debe ser intervenido quirúrgicamente.
En base a lo expuesto, Zapana solicitó que el proceso quede suspendido hasta tanto su cliente tenga el alta definitiva.
Las fuentes de LVM señalaron que ese pedido todavía no tuvo respuesta de parte del juzgado interviniente, aunque sí se supo que se giró la historia clínica al Cuerpo Médico de la Cámara de Apelaciones Federal para que dichos profesionales se expidan respecto a si González Glaría está en condiciones o no de afrontar la junta médica.