Abogado correntino busca registrar La Libertad Avanza en Misiones

Alvarenga sumó ayer otro revés judicial en la inscripción de su partido libertario, con una nueva resolución de la jueza Skanata rechazando la revocatoria promovida por el apoderado partidario Ariel Bello contra una decisión anterior de la magistrada federal con competencia electoral que, a instancias del Ministerio Público Fiscal, había resuelto en marzo poner todo lo actuado en manos de la CNE.

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La resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional posadeño, acusa al apoderado Bello de estar “acarreando un desgaste jurisdiccional innecesario”, con sus actuaciones, y le recuerda que “se halla cuestionada la legitimidad de impulsar el trámite por quienes se encuentran al frente del partido en formación, entre otras cuestiones, como ser falsedad de avales para la conformación del partido”.

La marca

De concluir con éxito Ferreyra y su troupe de aliados de Alvarenga el registro partidario, LLA Misiones sería el tercero de los partidos distritales con la marca que llevó a Javier Milei a la presidencia, junto con el partido del riojano Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; y el que conduce el político bonaerense Juan Ricardo Mussa.

Sin embargo, además de su condición de no ostentar domicilio electoral en Misiones, el apoderado Ferreyra, se mete de lleno en una disputa por la propiedad de la marca La Libertad Avanza, que involucra a Menem, Mussa, la dirigente entrerriana Carina Ivascov, y al mismo Javier Milei y su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.

El conflicto por quién es el verdadero dueño de la marca, tiene por lo menos dos años y exhibe ribetes de disputa corporativa que, sin embargo, venía manejándose con muy bajo perfil hasta mayo de 2023, cuando Milei se presentó ante la jueza federal con competencia electoral, María Servini, y solicitó su reconocimiento.

La movida del actual presidente se sustentó en el registro con alcance nacional que obtuvo Martín Menem en La Rioja y provocó una reacción en cadena por fuera y por dentro del actual oficialismo.

El primero en reaccionar fue Mussa, quien también se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y le reclamó a Servini que rechace la petición de Milei, arrogándose la propiedad de la marca, y arguyendo una solicitud del año anterior en el Juzgado Federal de La Plata, que tiene competencia electoral para toda la provincia de Buenos Aires.

Enseguida, lo cruzaron el apoderado de Milei, Santiago Viola, y el otrora jefe de campaña de Francisco de Narváez para las elecciones de 2009, Gustavo Ferrari, quienes acusaron a Mussa de intentar venderle la marca a Milei a través de quien, por entonces, era el armador de su campaña, el publicista Carlos Kikuchi.

“Le pidieron una reunión a Kikuchi para ver si podían llegar a un acuerdo económico”, dijo Viola en declaraciones al diario porteño La Nación, que también entrevistó a Ferrari, quien acusó a Mussa de “buscar un beneficio” con “una jugada judicial contra nosotros”.

El dirigente bonaerense desmintió, por supuesto, a sus detractores y contraatacó: “Viola es un mentiroso, un delincuente”, dijo Mussa al mismo diario porteño, y acusó al entonces candidato presidencial de “querer quedarse con el dinero que entrega el Estado para la impresión de boletas”.

“¿De qué están hablando? ¡Si a De Narváez yo lo impugné como candidato porque era colombiano, hijo de húngaro! ¿Acuerdo económico? Decir eso es una falta de respeto”, le contestó por su parte a Ferrari.

Desde Entre Ríos no tardó en reaccionar Carina Ivascov, que entrevistada también por La Nación de Buenos Aires se atribuyó la propiedad del nombre y dijo haberlo registrado como “marca pública y comercial”, y hasta para su uso en Internet, cuyo dominio también registró.

Milei, Mussa e Ivascov conformaron una frágil entente electoral en 2021 que no duró mucho más de los comicios de aquel año, y cuyo desenlace desembocó en acérrimas enemistades.

“Quedé en un fuego cruzado entre Milei y Mussa, pero yo soy la verdadera dueña”, aseguró en la ocasión Ivascov al periodista Hugo Alconada Mon.

La dirigente entrerriana tiene también registrada la propiedad de “Peronismo Republicano” como franquicia, lo que la envolvió en disputas y polémicas con el ex aliado de Mauricio Macri, actual diputado nacional y jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal en la cámara baja, Miguel Ángel Pichetto.

A mediados de 2022, Ivascov subió la apuesta y registró La Libertad Avanza como dominio web y marca comercial, y comenzó a enviarle cartas documento a quienes, según ella, vulneran sus derechos de propiedad intelectual: Los hermanos Milei, Kikuchi, Mussa, el santafesino José Bonacci y su comprovinciana Miriam Müller.

La última de esas cartas documento, a la que tuvo acceso La Voz de Misiones, tiene fecha del 15 de marzo pasado, cuatro días después de que el abogado correntino Ferreyra iniciara el expediente electoral para el registro de LLA Misiones ante el secretario Bonetto, y está dirigida al titular de Diputados, Martín Menem.

Dice Ivascov: “En mi carácter de Propietaria Intelectual del Nombre Libertad Avanza Registrada a Nivel Nacional notifico formalmente a usted y por su intermedio al bloque de diputados de La Libertad Avanza, del que usted es parte, que deben abonar el canon correspondiente al uso publicitario del nombre La Libertad Avanza, como así también  deben hacerlo todos los miembros de las juntas promotoras que no cuentan con mi autorización”.

En el escrito, Ivascov advierte que nadie puede “efectuar ningún trámite o uso del nombre para acuerdos de cualquier naturaleza” y, dirigiéndose a Menem, agrega: “Habiendo tomado conocimiento de que ha sido usado por usted como propia la marca de referencia en distintos medios de comunicación y en forma pública y ostensible, dado que además se encuentra publicado en diferentes redes sociales; es que se considera que constituye una afrenta dada la apropiación y sustracción manifiesta a la propiedad intelectual, perpetrada por usted y quienes lo utilizan”.

Ivascov invoca los artículos 1.721 y 1.724 de la Ley 11.721 y le exige que “se abstengan de utilizar el nombre La Libertad Avanza, quitarlo de todas las redes sociales, medios escritos, televisivos, etc.”.

Finalmente, los invita a presentarse “de manera inmediata” ante ella para “acordar un monto por el uso del nombre, todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes”.