Afirmación Peronista y una interna más inmobiliaria que política
La interna detonada en Afirmación Peronista la semana pasada, entre un grupo que suscribe al denominado peronismo renovador, y otro, acoplado a la intervención del PJ Misiones y clamando por la libertad de CFK, se decantó en una disputa por la propiedad del inmueble de la avenida Uruguay y la calle Félix Aguirre.
Myriam Acosta, presidenta de la Asociación Civil que ostenta el mismo nombre de la agrupación política creada por el ex gobernador peronista Julio Humada, y que lidera el sector identificado con la Renovación, acusa de “okupas” a quienes vistieron el local con insignias de CFK, entre los que figuran su hermano y su sobrino, liderados por el dirigente José Daniel Arrúa.
“Yo he tomado la presidencia de la Asociación de Afirmación Peronista hace dos meses, quise poner las cosas en orden y empezó toda esta historia donde el señor Arrua ha difamado mi figura, como persona, como mujer y como política”, cargó Acosta, en diálogo con La Voz de Misiones.
La mujer es hermana del dirigente Luis Acosta, que sucedió a Humada en la presidencia del espacio político y también presidió la Asociación Civil hasta que falleció, en septiembre de 2024.
Myriam Acosta afirmó a LVM que Arrúa y su grupo, “violentaron una de las ventanas, ingresaron al local, cambiaron las cerraduras, y desde entonces no nos permiten acceder a nuestro lugar de trabajo en la Asociación”.
Según contó, el atraco al lugar se produjo el 10 de junio pasado, tal como consta en la exposición que Acosta formuló al subcomisario Mario Leguizamón, en la primera de la serie de denuncias policiales que formalizó durante toda esa semana.
Acosta retrató a Arrúa como “un hombre violento, agresivo, que maltrata a los compañeros”, y lo acusó de haber “tirado a la calle la computadora y los equipos de oficina de la Asociación” que, según contó, pudo recuperar.
La mujer adelantó a LVM que la situación escaló ya a instancias de la justicia provincial, con una causa por usurpación y violencia que se tramita en el Juzgado Penal 2, a cargo del juez Juan Manuel Montes, y que espera que se “ordene la restitución del local de un momento a otro”.
Acosta aseguró que el inmueble que alberga la sede política y el galpón vecino, donde funciona un taller de soldadura, pertenecen a la Asociación Civil que preside y que la propiedad consta en la Memoria y Balance del año pasado.