La iniciativa propone modificar la actual Ley IV N° 21, que mantiene bajo reserva las declaraciones juradas de gobernadores, ministros, diputados, intendentes y demás funcionarios provinciales, permitiendo su acceso únicamente en casos excepcionales. Con el nuevo proyecto, toda la información patrimonial de los funcionarios pasaría a ser pública y estaría disponible para consulta libre y gratuita a través de internet.

“Los misioneros tienen derecho a saber cómo evoluciona el patrimonio de quienes administran los recursos de todos. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de un funcionario ni de una orden judicial. Debe ser una obligación permanente del Estado”, sostuvo Bárbaro.

El legislador recordó que actualmente existe una contradicción difícil de explicar: mientras cualquier ciudadano puede consultar las declaraciones juradas de funcionarios nacionales, en Misiones esa información permanece oculta.

“Hoy un diputado nacional por Misiones tiene su patrimonio publicado y accesible para toda la sociedad. En cambio, un ministro provincial, un diputado provincial o un intendente pueden mantener esa información reservada. No hay ninguna razón ética ni republicana que justifique semejante diferencia”, afirmó.

El proyecto también establece que las declaraciones juradas deberán presentarse al asumir el cargo, actualizarse todos los años y volver a presentarse al finalizar la función pública. Además, obliga a la Provincia a crear un portal web específico donde esa información quede publicada y permanentemente actualizada. Una vez presentada, antes de la fecha límite, el organismo competente tendrá un plazo de 30 días para hacer pública cada declaración

Bárbaro remarcó que el espíritu de la iniciativa es prevenir conflictos de intereses, detectar incrementos patrimoniales injustificados y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Sostuvo que la publicidad de las declaraciones juradas es una herramienta clave para evitar situaciones como las que en los últimos meses protagonizaron funcionarios nacionales obligados a dar explicaciones sobre fuertes aumentos patrimoniales.

En ese sentido, cuestionó el caso del ministro de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quien atribuyó parte de su crecimiento patrimonial a la aparición de un supuesto pendrive con criptomonedas adquirido años atrás. “Cuando las declaraciones juradas son públicas, la sociedad puede controlar, preguntar y exigir explicaciones. Cuando son secretas, ese control desaparece y la transparencia queda librada a la voluntad del funcionario de turno”, afirmó.

https://www.lavozdemisiones.com/opinion/abrir-el-cofre-de-las-declaraciones-juradas/

La iniciativa propone modificar la actual Ley IV N° 21, que mantiene bajo reserva las declaraciones juradas de gobernadores, ministros, diputados, intendentes y demás funcionarios provinciales, permitiendo su acceso únicamente en casos excepcionales. Con el nuevo proyecto, toda la información patrimonial de los funcionarios pasaría a ser pública y estaría disponible para consulta libre y gratuita a través de internet.

“Los misioneros tienen derecho a saber cómo evoluciona el patrimonio de quienes administran los recursos de todos. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de un funcionario ni de una orden judicial. Debe ser una obligación permanente del Estado”, sostuvo Bárbaro.

El legislador recordó que actualmente existe una contradicción difícil de explicar: mientras cualquier ciudadano puede consultar las declaraciones juradas de funcionarios nacionales, en Misiones esa información permanece oculta.

“Hoy un diputado nacional por Misiones tiene su patrimonio publicado y accesible para toda la sociedad. En cambio, un ministro provincial, un diputado provincial o un intendente pueden mantener esa información reservada. No hay ninguna razón ética ni republicana que justifique semejante diferencia”, afirmó.

El proyecto también establece que las declaraciones juradas deberán presentarse al asumir el cargo, actualizarse todos los años y volver a presentarse al finalizar la función pública. Además, obliga a la Provincia a crear un portal web específico donde esa información quede publicada y permanentemente actualizada. Una vez presentada, antes de la fecha límite, el organismo competente tendrá un plazo de 30 días para hacer pública cada declaración

Bárbaro remarcó que el espíritu de la iniciativa es prevenir conflictos de intereses, detectar incrementos patrimoniales injustificados y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Sostuvo que la publicidad de las declaraciones juradas es una herramienta clave para evitar situaciones como las que en los últimos meses protagonizaron funcionarios nacionales obligados a dar explicaciones sobre fuertes aumentos patrimoniales.

En ese sentido, cuestionó el caso del ministro de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quien atribuyó parte de su crecimiento patrimonial a la aparición de un supuesto pendrive con criptomonedas adquirido años atrás. “Cuando las declaraciones juradas son públicas, la sociedad puede controlar, preguntar y exigir explicaciones. Cuando son secretas, ese control desaparece y la transparencia queda librada a la voluntad del funcionario de turno”, afirmó.

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