El PJ-Misiones rechazó un acuerdo con el FMI y pronosticó otro 2001 si el Gobierno firma

POSADAS. El Partido Justicialista de Misiones rechazó un eventual acuerdo del macrismo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al advertir que por una decisión similar en 2001 “hemos sucumbido en un espiral descendente de pobreza que culminó con más de 39 muertos”.

En un escrito que el presidente de esta fuerza política, Rafael Pereyra Pigerl, divulgó en las redes sociales en nombre del consejo político, se señala que en caso de prosperar un acuerdo con el FMI, “el Gobierno nacional será enteramente responsable de una crisis económica y social de consecuencias profundas y de una nueva postración y retroceso de nuestras expectativas como país”.

Además, el PJ exhortó al gobierno a que “cumpla con el trámite constitucional de enviar al Congreso de la Nación el proyecto de convenio, a fin de que lo que en definitiva se resuelva, no sea discutido de espaldas al pueblo y beneficio exclusivo del capital especulativo”.

Añadió que “una medida de estas características compromete seriamente la soberanía de nuestro país y pone en jaque las estructuras económicas y sociales vitales para un desarrollo independiente”, ya que “el financiamiento del FMI viene sujeto a las conocidas recetas de ajuste que tan caro le han costado a nuestro pueblo”.

“Sabemos, por nuestra propia experiencia, que bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional y sus planes anacrónicos, hemos sucumbido en un espiral descendente de pobreza que culminó con más de 39 muertos en nuestro país y las horas más tristes del hambre y la desesperación”, advirtió.

Luego, al reafirmar “las tres banderas que constituyen los pilares de nuestro movimiento: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, el PJ exigió al Gobierno que “tuerza el rumbo de este programa conservador, elitista y excluyente de  Estado y reoriente su política económica en favor del fortalecimiento del mercado interno, la justa distribución de la riqueza, la defensa y reactivación de las economías regionales, la defensa del salario y la intervención proactiva y equitativa del Estado en aquellas áreas que la ciencia y la experiencia indican que no pueden quedar libradas al mero interés particular”.