Gobierno provincial prepara cambios en el Gabinete
Al menos seis cambios planea el gobernador Oscar Herrera Ahuad en su gabinete a partir de febrero. En teoría, los anuncios se harían este miércoles, aunque no ha habido ninguna confirmación oficial.
Los cambios más sonados se dan en los ministerios de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración; Desarrollo Social, Mujer y Juventud; y Derechos Humanos, tres carteras ocupadas por mujeres: Karina Aguirre, Benilda Dammer y Graciela Leyes.
Liliana Rodríguez reemplazará a Aguirre, que asumirá el cargo de Leyes; y el ex concejal y ex candidato a diputado nacional, Fernando Meza, ocupará la cartera que está dejando Dammer.
Los nuevos ministros jurarán el próximo martes 1 de febrero en un acto presidido por el gobernador de la provincia.
Aparentemente, Herrera Ahuad pondrá a Benilda Dammer a cargo de una Delegación nacional en la provincia, algo que al parecer habría acordado con el jefe de Gabinete Juan Manzur, con quien se reunió varias veces en Buenos Aires en enero.
Se especula también con cambios en el Instituto de Previsión Social (IPS), la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, y la Subsecretaría de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Las versiones señalan a la ex diputada provincial Rossana Marlí Franco como candidata a ocupar alguno de estos tres cargos.
Otros dos antiguos legisladores, María Cristina Bandera y Julio Barreto obtendrían también sus designaciones. Bandera, vinculada a la Asociación Internacional de Movimiento Familiares Rurales, podría quedar a cargo del área de Tierras y Colonización, en San Pedro; y Barreto se integraría al Directorio de Provincial de Vialidad.
Derechos Humanos
Entre los nombramientos, resulta paradójico que Karina Aguirre pudiera ir al Ministerio de Derechos Humanos, siendo que proviene de una cartera que, extrañamente, a lo largo de varias administraciones mantuvo entre sus jefes de Departamentos al represor Miltón Acosta, uno de los espías de la dictadura descubiertos ocupando un cargo en Acción Cooperativa.
El caso de Milton Alfredo Acosta saltó ya en 2010, junto con el de otro espía de la dictadura, Julio César Marturet, que ocupaba el cargo de subsecretario de Acción Cooperativa, en el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, y fue obligado a renunciar por el entonces gobernador Maurice Closs.
Acosta y Marturet cumplían la función de “agente de reunión”, un eufemismo que designaba a quienes se infiltraban en universidades, sindicatos, e incluso familias (tal el caso de Marturet) para marcar gente, que después era secuestrada y asesinada.
ATE anuló después la elección que resultó en la designación de Acosta, e inició el proceso para su expulsión del gremio.