HCD de Montecarlo repudió expresiones de la edil Buckmayer sobre Falcon verde
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Montecarlo emitió, por unanimidad, una declaración de repudio a las expresiones vertidas por la concejal recientemente electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Buckmayer, que en sus redes sociales realizó un posteo reivindicando el Ford Falcon verde, vehículo que se transformó en un símbolo de la última dictadura cívico-militar en Argentina.
El dictamen se firmó esta mañana, tras una sesión de la cual participaron militantes de los derechos humanos, ex presos políticos y familiares de desaparecidos durante el gobierno de facto que cometió delitos de lesa humanidad durante el período comprendido entre 1976 y 1983.
El documento rubricado por los siete concejales montecarlenses, de diferentes espacios políticos, señala: “Expresar su más enérgico repudio a toda manifestación pública que atente contra el fortalecimiento, la construcción y la defensa del sistema democrático, especialmente cuando tales expresiones provienen en de funcionarios electos, personas con responsabilidades institucionales, cuya función implica un compromiso ético con la convivencia democrática, la pluralidad ideológica y el respeto irrestricto por los derechos fundamentales”.
Entre los fundamentos mencionan el “esencial orden político” establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional, lo cual conlleva al “respeto irrestricto de los derechos humanos, el pluralismo ideológico y a la participación ciudadana”.
También alegan que a nivel local la Carta Orgánica Municipal de Montecarlo “reafirma el preámbulo y disposiciones fundamentales el compromiso con la vida democrática, la convivencia pacifica y el respeto mutuo como pilares del desarrollo social”.
En ese marco, el documento considera que “cualquier manifestación que promueva simbólicamente la persecución de personas por sus ideas políticas o reivindique dispositivos históricamente asociados a prácticas represivas, resulta incompatible con los valores democráticos y afecta gravemente la legitimidad de quienes ejercen o ejercerán representación institucional”.