Herrera Ahuad acompañó proyecto para que el Inym vuelva a fijar precios
El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, acompañó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para restituir al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) la facultad de acordar y fijar semestralmente un “precio mínimo justo para la materia prima yerbatera”, atribución que fue eliminada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
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RedacciónPeriodista19 de junio · 20:11
Viernes 19 de junio, 2026 · 20:11
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La iniciativa presentada por la diputada nacional Roxana Monzón, ingresó al Congreso bajo el expediente 2879-D-2026 y fue publicada en el Trámite Parlamentario N.º 73. Además del acompañamiento de Herrera Ahuad, lleva la firma del diputado nacional Luis Basterra, integrante del bloque Unión por la Patria.
El proyecto propone incorporar el inciso R al artículo 4 de la Ley 25.564 del Inym, estableciendo que el organismo deberá acordar semestralmente, entre los distintos sectores que integran la cadena productiva, un precio mínimo justo para la hoja verde y la yerba mate canchada.
Según el texto, dicho valor deberá fijarse tomando como referencia los costos reales de producción y contemplar un margen razonable de rentabilidad para el productor, que no podrá ser inferior al 30%. Asimismo, el precio acordado será de cumplimiento obligatorio para todos los actores alcanzados por la normativa y su incumplimiento podrá derivar en sanciones y multas previstas en la legislación vigente.
La propuesta también contempla que, en caso de no alcanzarse un acuerdo dentro del ámbito del Inym, la cuestión sea sometida al arbitraje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación, que deberá emitir un laudo en un plazo máximo de 30 días. Si ese plazo vence sin resolución, el propio Instituto quedará facultado para fijar el precio por mayoría simple.
Cabe destacar que previo al DNU 70/23 el texto original del inciso obligaba a acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del Inym el precio de la materia prima.
“El mismo resultará de un acuerdo en el Inym basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar”.
En el proyecto que acompaño Herrera se mantiene el requisito de que, de no llegar a un acuerdo en el directorio del Instituto, “el arbitraje del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación, será quien deberá laudar, según las pautas arriba mencionadas”.
El impacto del DNU 70/2023
En los fundamentos, se sostiene que la iniciativa busca “restablecer una herramienta fundamental para la supervivencia de miles de familias productoras”, afectadas por la eliminación de la facultad regulatoria del Inym a partir del DNU 70/2023.
Herrera Ahuad acompañó proyecto para que el Inym vuelva a fijar precios
El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, acompañó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para restituir al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) la facultad de acordar y fijar semestralmente un “precio mínimo justo para la materia prima yerbatera”, atribución que fue eliminada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
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RedacciónPeriodista19 de junio · 20:11
Viernes 19 de junio, 2026 · 20:11
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La iniciativa presentada por la diputada nacional Roxana Monzón, ingresó al Congreso bajo el expediente 2879-D-2026 y fue publicada en el Trámite Parlamentario N.º 73. Además del acompañamiento de Herrera Ahuad, lleva la firma del diputado nacional Luis Basterra, integrante del bloque Unión por la Patria.
El proyecto propone incorporar el inciso R al artículo 4 de la Ley 25.564 del Inym, estableciendo que el organismo deberá acordar semestralmente, entre los distintos sectores que integran la cadena productiva, un precio mínimo justo para la hoja verde y la yerba mate canchada.
Según el texto, dicho valor deberá fijarse tomando como referencia los costos reales de producción y contemplar un margen razonable de rentabilidad para el productor, que no podrá ser inferior al 30%. Asimismo, el precio acordado será de cumplimiento obligatorio para todos los actores alcanzados por la normativa y su incumplimiento podrá derivar en sanciones y multas previstas en la legislación vigente.
La propuesta también contempla que, en caso de no alcanzarse un acuerdo dentro del ámbito del Inym, la cuestión sea sometida al arbitraje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación, que deberá emitir un laudo en un plazo máximo de 30 días. Si ese plazo vence sin resolución, el propio Instituto quedará facultado para fijar el precio por mayoría simple.
Cabe destacar que previo al DNU 70/23 el texto original del inciso obligaba a acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del Inym el precio de la materia prima.
“El mismo resultará de un acuerdo en el Inym basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar”.
En el proyecto que acompaño Herrera se mantiene el requisito de que, de no llegar a un acuerdo en el directorio del Instituto, “el arbitraje del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación, será quien deberá laudar, según las pautas arriba mencionadas”.
El impacto del DNU 70/2023
En los fundamentos, se sostiene que la iniciativa busca “restablecer una herramienta fundamental para la supervivencia de miles de familias productoras”, afectadas por la eliminación de la facultad regulatoria del Inym a partir del DNU 70/2023.
Además se recuerda que el 20 de diciembre de 2023 el Gobierno nacional publicó el decreto denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, que modificó aspectos centrales del esquema de regulación yerbatera.
Según se argumenta en el proyecto, desde su entrada en vigencia el DNU fue cuestionado por especialistas de distintas ramas del derecho y enfrentó numerosos planteos judiciales. En abril de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó un recurso de amparo que suspendía los artículos que impedían al Inym fijar precios de referencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo apeló esa resolución y la causa fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde permanece sin movimientos desde junio de 2024.
“Mientras tanto, los productores siguen vendiendo su cosecha muy por debajo del costo de producción”, advierte el proyecto.
Mínimos históricos
Entre los argumentos que respaldan la iniciativa que se acompaña con la firma de Herrera Ahuad cita datos del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), correspondientes a un informe sectorial elaborado en mayo de 2026 con información del Inym y del Indec.
El estudio revela un fuerte deterioro en la participación de los productores dentro de la cadena de valor yerbatera. Mientras que en enero de 2022 el precio recibido por el productor representaba el 23,9% del valor final de la yerba en góndola, en marzo de 2026 esa relación cayó al 13,1%.
El promedio del primer trimestre de este año fue aún menor, alcanzando apenas el 11,6%, el registro más bajo desde 2019.
En términos concretos, el informe señala que de cada 100 pesos que paga un consumidor por un paquete de yerba mate en el supermercado, menos de $13 llegan al productor que cultivó la materia prima.
Un mercado con fuertes asimetrías
Los fundamentos también describen la estructura del mercado yerbatero como profundamente desigual.
Por un lado, existen alrededor de 13.000 pequeños productores, la mayoría con explotaciones menores a diez hectáreas, que negocian individualmente el precio de su producción. En el otro extremo, un reducido grupo de grandes empresas concentra gran parte del negocio.
Según el documento, las diez principales firmas del sector representan el 74% del mercado de yerba mate envasada, mientras que las tres primeras : Establecimiento Las Marías, Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig y Santa Ana. Las cuales concentran el 46% de la producción que sale de los molinos.
Entonces, se explica que esta configuración genera una situación de desequilibrio que impide una negociación equitativa y justifica la intervención del Estado como árbitro para garantizar condiciones mínimas de rentabilidad.
Una crisis que trasciende lo económico
El proyecto que acompaña el exgobernador, sostiene además que la crisis del sector yerbatero excede la cuestión económica y se ha convertido en un problema social para el nordeste argentino.
Entre las consecuencias más preocupantes menciona el creciente éxodo laboral hacia Brasil registrado durante los primeros meses de 2026. Según describe, ya no se trata únicamente de la migración estacional de tareferos durante la cosecha, sino de un proceso más amplio que involucra albañiles, mecánicos, camioneros, trabajadores de servicios y familias enteras que deciden radicarse del otro lado de la frontera.
“La combinación de salarios locales por debajo de los costos de subsistencia y mejores condiciones laborales en Brasil actúa como un imán que vacía comunidades enteras”, advierte el texto.
“La desregulación produjo una transferencia de rentas”
En uno de los párrafos centrales de los fundamentos, se afirma que la experiencia posterior al DNU dejó en evidencia los efectos negativos de la desregulación.
“La desregulación no produjo eficiencia: produjo una transferencia de rentas desde el eslabón más débil hacia el más fuerte”, sostiene.
Finalmente, se señala que la iniciativa no pretende resolver la crisis en la que está sumergida la actividad.
“Este proyecto no pretende resolver todos los problemas del sector yerbatero. Pero sí pretende restablecer el instrumento mínimo de dignidad que el Estado debe garantizar a quienes producen uno de los alimentos más consumidos de la Argentina: el derecho a que el precio de su trabajo sea acordado en una mesa en la que también tienen voz”, concluye el proyecto.
Además se recuerda que el 20 de diciembre de 2023 el Gobierno nacional publicó el decreto denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, que modificó aspectos centrales del esquema de regulación yerbatera.
Según se argumenta en el proyecto, desde su entrada en vigencia el DNU fue cuestionado por especialistas de distintas ramas del derecho y enfrentó numerosos planteos judiciales. En abril de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó un recurso de amparo que suspendía los artículos que impedían al Inym fijar precios de referencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo apeló esa resolución y la causa fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde permanece sin movimientos desde junio de 2024.
“Mientras tanto, los productores siguen vendiendo su cosecha muy por debajo del costo de producción”, advierte el proyecto.
Mínimos históricos
Entre los argumentos que respaldan la iniciativa que se acompaña con la firma de Herrera Ahuad cita datos del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), correspondientes a un informe sectorial elaborado en mayo de 2026 con información del Inym y del Indec.
El estudio revela un fuerte deterioro en la participación de los productores dentro de la cadena de valor yerbatera. Mientras que en enero de 2022 el precio recibido por el productor representaba el 23,9% del valor final de la yerba en góndola, en marzo de 2026 esa relación cayó al 13,1%.
El promedio del primer trimestre de este año fue aún menor, alcanzando apenas el 11,6%, el registro más bajo desde 2019.
En términos concretos, el informe señala que de cada 100 pesos que paga un consumidor por un paquete de yerba mate en el supermercado, menos de $13 llegan al productor que cultivó la materia prima.
Un mercado con fuertes asimetrías
Los fundamentos también describen la estructura del mercado yerbatero como profundamente desigual.
Por un lado, existen alrededor de 13.000 pequeños productores, la mayoría con explotaciones menores a diez hectáreas, que negocian individualmente el precio de su producción. En el otro extremo, un reducido grupo de grandes empresas concentra gran parte del negocio.
Según el documento, las diez principales firmas del sector representan el 74% del mercado de yerba mate envasada, mientras que las tres primeras : Establecimiento Las Marías, Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig y Santa Ana. Las cuales concentran el 46% de la producción que sale de los molinos.
Entonces, se explica que esta configuración genera una situación de desequilibrio que impide una negociación equitativa y justifica la intervención del Estado como árbitro para garantizar condiciones mínimas de rentabilidad.
Una crisis que trasciende lo económico
El proyecto que acompaña el exgobernador, sostiene además que la crisis del sector yerbatero excede la cuestión económica y se ha convertido en un problema social para el nordeste argentino.
Entre las consecuencias más preocupantes menciona el creciente éxodo laboral hacia Brasil registrado durante los primeros meses de 2026. Según describe, ya no se trata únicamente de la migración estacional de tareferos durante la cosecha, sino de un proceso más amplio que involucra albañiles, mecánicos, camioneros, trabajadores de servicios y familias enteras que deciden radicarse del otro lado de la frontera.
“La combinación de salarios locales por debajo de los costos de subsistencia y mejores condiciones laborales en Brasil actúa como un imán que vacía comunidades enteras”, advierte el texto.
“La desregulación produjo una transferencia de rentas”
En uno de los párrafos centrales de los fundamentos, se afirma que la experiencia posterior al DNU dejó en evidencia los efectos negativos de la desregulación.
“La desregulación no produjo eficiencia: produjo una transferencia de rentas desde el eslabón más débil hacia el más fuerte”, sostiene.
Finalmente, se señala que la iniciativa no pretende resolver la crisis en la que está sumergida la actividad.
“Este proyecto no pretende resolver todos los problemas del sector yerbatero. Pero sí pretende restablecer el instrumento mínimo de dignidad que el Estado debe garantizar a quienes producen uno de los alimentos más consumidos de la Argentina: el derecho a que el precio de su trabajo sea acordado en una mesa en la que también tienen voz”, concluye el proyecto.