Incertidumbre en el PJ Misiones, a horas del plazo de la intimación judicial
Luego de la intimación de la Justicia Federal de Posadas, conocida ayer, para que quienes ostentan la conducción del PJ Misiones entreguen, este viernes, la sede partidaria y toda la documentación a los interventores designados por el Consejo Nacional del partido, bajo apercibimiento de usar la fuerza pública, la situación se dilató durante toda la jornada.
El hermetismo de los actores locales, Myriam Comparín, que funge de titular del Consejo Provincial, y el diputado nacional Alberto Arrúa, que ocupa la Secretaría General; y el hecho de que la sede de la avenida López y Planes permanece cerrada y con custodia policial, sugieren que la situación no se resolverá sin conflicto.
“El plazo judicial cae a la medianoche”, precisó esta tarde a La Voz de Misiones una fuente del entorno de los interventores designados por la titular del PJ Nacional, la ex presidenta Cristina Fernández (CFK), Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez.
Este último, en declaraciones periodísticas esta mañana, había marcado las 15:00 de hoy, como el horario en que iba producirse el traspaso de mando, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Federal de Posadas.
Sin embargo, a la hora señalada la actividad en torno a la sede partidaria era nula, aunque LVM pudo constatar movimientos en el interior del edificio, ocupado, aparentemente, por militantes que responden a la conducción local.
Afuera, una camioneta de la Policía de Misiones, con tres efectivos a bordo, permanecía vigilante en el estacionamiento del edificio.
“Es probable que ellos (el sector de Comparín y Arrúa) estiren el plazo lo más posible y terminen entregando el partido y la documentación requerida en la resolución judicial, un poco antes de que caiga el plazo”, especuló la fuente a LVM.
“De lo contrario, entrarán en desacato judicial y ahí deberá pedirse la intervención de la fuerza pública”, advirtió.
Entre las posibilidades, tampoco, se descarta que, a los fines de evitar el choque entre los militantes de ambas partes, los interventores Arrieta y Rodríguez dejen caer el plazo y tomen el mando del partido con ayuda de la fuerza federal que la justicia determine.