El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, con competencia electoral, rechazó la apelación presentada por el peronismo renovador contra la intervención del
Partido Justicialista (PJ) Misiones y convalidó lo dispuesto por el Consejo Nacional presidido por la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
El recurso, rechazado esta semana, había sido presentado por el ex apoderado partidario
Martín Kornutta,
contra la designación de los interventores Gustavo Arrieta y
Máximo Rodríguez, y el desplazamiento de la conducción partidaria local, encabezada por el equipo de
Myriam Comparín y el diputado nacional
Alberto Arrúa, que fungía de secretario del Consejo Provincial.
En el fallo, los jueces
Martín Rosendo Seguí y
María Romuilda Servini, señalan que, conforme a la jurisprudencia consultada, “no resulta irrazonable la medida dispuesta” y destaca, asimismo, que “toda intervención, debe tender a normalizar el distrito en el menor tiempo posible para devolver el partido de Distrito a sus autoridades naturales”.
Por tal motivo, continúa, el juez resuelve “no hacer lugar al planteo de nulidad de la intervención interpuesto por la parte actora”.
Pronunciamiento
La noticia cayó como un bálsamo en las filas de los interventores Arrieta y Rodríguez, que a través de un comunicado se reafirmaron en la labor encomendada por la conducción nacional del partido.
“El fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 sostiene que la intervención fue dispuesta en ejercicio de las atribuciones partidarias ante una situación de urgencia institucional, con fundamento en la posible pérdida de la personería jurídico-política del PJ Misiones por no haber participado en las elecciones generales de 2023 ni conformado alianzas electorales”, reza el pronunciamiento firmado por los hombres designados por CFK.
“Asimismo, se señalaron conflictos internos, la suspensión de autoridades electas y la falta de entrega de documentación partidaria, entre otros incumplimientos”, agrega.
Arrieta y Rodríguez sostienen que “el magistrado consideró que, si bien la medida fue inicialmente cuestionada por su falta de comunicación formal y fundamentación explícita, tales observaciones fueron subsanadas con la ratificación realizada por el Congreso Nacional del PJ el pasado 20 de mayo de 2025, lo que legalmente convalida la intervención”.
“La resolución judicial aclara que, aunque las intervenciones partidarias deben ser excepcionales, la gravedad de los hechos y el riesgo institucional justificaron plenamente esta decisión, desestimando así la supuesta irrazonabilidad alegada por el sector desplazado”, afirma el comunicado.
Seguidamente, denuncia que “a pesar de la notificación judicial, referentes del sector con mandato vencido y sus seguidores han impedido hasta el momento la plena efectivización de la intervención” y que “con el apoyo de fuerzas de seguridad, han ocupado ilegítimamente la sede partidaria, obstaculizando el traspaso de la posesión real del inmueble y los atributos institucionales a los interventores designados, por lo que la intervención ha solicitado la adopción de medidas que garanticen la restitución del inmueble y permitan el funcionamiento normal de las autoridades partidarias designadas”.
“Desde la Intervención del PJ de Misiones reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación institucional del partido en la provincia, en el marco del respeto a los principios democráticos y a la legalidad”, manifiestan los interventores y convocan “a toda la militancia a mantenerse unida, a defender al justicialismo y a rechazar cualquier acto que atente contra su organización, legitimidad y funcionamiento”.
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