Las heridas abiertas de Gustavo González y Javier Mela por la plata de una campaña
POSADAS. A pesar de sus intentos por convertirse en adalides de la transparencia política, los diputados provinciales Gustavo González y Javier Mela (UCR-Cambiemos) ven salpicados sus propósitos por fuertes acusaciones de corrupción que cruzaron tiempo atrás.
El dato no iría más allá de la anécdota de un tiempo pasado, en el cual el radicalismo se jactaba de dirimir sus divergencias en forma democrática, pero se reflota cada vez que uno y otro legislador pretende sacar provecho de la discusión sobre financiamiento de las campañas.
Y enancados en el debate que mezcla bolsos con dinero, bóvedas, coimas, aportes, ex funcionarios, empresarios, jueces, fiscales, colaboracionistas, traidores y más, en diferentes roles, González y Mela creen diferenciarse del resto de los actores, pero no lo consiguen.
Pero siempre hay un memorioso que requisa los placares, especialmente de aquellos que crecieron a la sombra del fraude acordado, por ejemplo, y que hoy tratan de vender otra imagen, como en el caso que protagonizaron los dos diputados en 2013, aunque ahora traten de ocultar.
De acuerdo con los registros internos de la UCR-Misiones, por aquella época los actuales legisladores integraban la lista “Integración con identidad”, impulsada por Hernán Damiani, que se aprestaba para dirimir las candidaturas de esta fuerza para las elecciones de 2014.
Todos recuerdan que Mela, por entonces secretario general de la mesa del radicalismo, en pleno proceso interno convocó a una conferencia de prensa para denunciar de dónde salían los fondos para solventar los gastos de campaña del damianismo.
Ante la sorpresa de sus propios compañeros de ruta, Mela acompañado por Darío Acosta, denunció que González y Damiani habían acordado en un pacto en secreto con el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, el sostenimiento económico de la lista de candidatos. Pero además también se vieron involucrados Luis Pastori y Walter Molina.
La revelación no dejaba márgenes para las dudas, ya que el denunciante y su compañero no eran convidados de piedra de “Integración con identidad”, sino que formaban una parte importante del esquema para el distrito Posadas por cuanto ambos cumplían funciones en Concejo Deliberante.
Varios medios se hicieron eco de sus dichos en cuanto a que las autoridades partidarias “por un lado envían al apoderado a reclamar ante la Justicia las bancas y por otro lado está recibiendo colaboración de ex militantes radicales, así como de funcionarios del gobierno e incluso ayudas económicas del Ministerio de Derechos Humanos”. El suceso sirve para marcar una clara , traducida hoy en una falta de autoridad que difícilmente pueda revertir desde la crítica hacia los demás.
El dato no iría más allá de la anécdota de un tiempo pasado, en el cual el radicalismo se jactaba de dirimir sus divergencias en forma democrática, pero se reflota cada vez que uno y otro legislador pretende sacar provecho de la discusión sobre financiamiento de las campañas.
Y enancados en el debate que mezcla bolsos con dinero, bóvedas, coimas, aportes, ex funcionarios, empresarios, jueces, fiscales, colaboracionistas, traidores y más, en diferentes roles, González y Mela creen diferenciarse del resto de los actores, pero no lo consiguen.
Pero siempre hay un memorioso que requisa los placares, especialmente de aquellos que crecieron a la sombra del fraude acordado, por ejemplo, y que hoy tratan de vender otra imagen, como en el caso que protagonizaron los dos diputados en 2013, aunque ahora traten de ocultar.
De acuerdo con los registros internos de la UCR-Misiones, por aquella época los actuales legisladores integraban la lista “Integración con identidad”, impulsada por Hernán Damiani, que se aprestaba para dirimir las candidaturas de esta fuerza para las elecciones de 2014.
Todos recuerdan que Mela, por entonces secretario general de la mesa del radicalismo, en pleno proceso interno convocó a una conferencia de prensa para denunciar de dónde salían los fondos para solventar los gastos de campaña del damianismo.
Ante la sorpresa de sus propios compañeros de ruta, Mela acompañado por Darío Acosta, denunció que González y Damiani habían acordado en un pacto en secreto con el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, el sostenimiento económico de la lista de candidatos. Pero además también se vieron involucrados Luis Pastori y Walter Molina.
La revelación no dejaba márgenes para las dudas, ya que el denunciante y su compañero no eran convidados de piedra de “Integración con identidad”, sino que formaban una parte importante del esquema para el distrito Posadas por cuanto ambos cumplían funciones en Concejo Deliberante.
Varios medios se hicieron eco de sus dichos en cuanto a que las autoridades partidarias “por un lado envían al apoderado a reclamar ante la Justicia las bancas y por otro lado está recibiendo colaboración de ex militantes radicales, así como de funcionarios del gobierno e incluso ayudas económicas del Ministerio de Derechos Humanos”. El suceso sirve para marcar una clara , traducida hoy en una falta de autoridad que difícilmente pueda revertir desde la crítica hacia los demás.