Misiones adhirió al Régimen para grandes inversiones del gobierno de Milei
La Legislatura provincial aprobó hace minutos la adhesión de Misiones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), un programa contenido en la ley Bases 27.742 del gobierno de Javier Milei, que tiene como objetivo atraer y fomentar inversiones de gran escala en Argentina.
El acompañamiento al proyecto barrió todo el arco político de la Cámara de Representantes, con excepción de los diputados del PAyS, Cristian Castro y Blanca Alves, y se aprobó por 33 votos a favor y 2 en contra.
De esta manera, Misiones se acopla al grupo de 15 provincias que adhirieron al Rigi en el país: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.
El proyecto fue presentado por la diputada renovadora Suzel Vaider, quien definió al Rigi como “una herramienta para atraer inversiones que superen los 200 millones de dólares, para aumentar la exportación, la transferencia de tecnología, la generación de empleos calificados, a cambio de beneficios impositivos y aduaneros”.
“Misiones lidera hace 50 años la cadena de valor de la foresto industria, con el papel, la madera aserrada, la celulosa”, indicó y remarcó: “Misiones es pionera en la energía renovable a partir de la biomasa forestal hace medio siglo”.
“Es allí, donde este Rigi podría ser un incentivo más para generar inversiones”, destacó.
“No se instalan empresas donde hay problemas de recursos humanos, materia prima, energía”, afirmó. “Nosotros tenemos recursos formados, gerentes, mandos medios, jóvenes con entrenamiento digital”, ponderó.
El apoyo sumó las palabras del ex radical Javier Mela, la macrista Analía Labandoczka, del PRO, y Lilia Noemí Torres, de la UCR Misiones.
Rechazo por “entreguista”
En solitario, se expresó el legislador del PAyS, Cristian Castro, quien calificó al Rigi como “un régimen de entrega de la soberanía y los recursos a corporaciones extranjeras” y adelantó el rechazo de su bloque.
“Esta no es un apolítica de desarrollo, es un régimen de entrega”, advirtió Castro y aseguró: “Detrás del discurso se esconde un modelo que beneficia a un puñado de corporaciones, afectando el trabajo argentino y la industria nacional”.
“Otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos, nunca vistos a los grandes grupos económicos, mientras las Pyme están desprotegidas”, alertó.
“Es una hipoteca de la soberanía, permite litigar contra el Estado en tribunales internacionales”, advirtió y opinó que “la Ley Bases no puede estar por encima de la legislación provincial que tiene rango constitucional”.