Oscar Thomas, juicio por corrupción y el espía de la era K
La fiscal que investiga la mega causa conocida como los Cuadernos de las coimas, denunció por “retardo de justicia” a los tres jueces que tienen que llamar a juicio, y exhortó a que se fije fecha “de manera urgente” para el debate oral.
El 31 de julio se cumplirán seis años de la aparición pública de la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, una investigación por corrupción en la obra pública que involucra a empresarios y varios ex funcionarios kirchnerista, y que señala como jefa de una asociación ilícita a la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
En la misma causa iniciada en 2018, también está procesado Oscar Thomas, quien fue director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá -EBY- durante la presidencia de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández, *entre los años 2003 y 2015.
El 1 de agosto de 2018 el arquitecto misionero fue de los primeros imputados por el fallecido juez Claudio Bonadío. Estuvo 48 días prófugo hasta que fue capturado por la Policía Federal en un departamento de Barrio Norte, en Ciudad de Buenos Aires.
Thomas estuvo siete meses detenido en el penal de Ezeiza, pero no soportó el encierro y, luego de que él mismo confesara dos intentos de suicidio, le concedieron el arresto domiciliario con tobillera electrónica y estricto control médico. Tres meses después consiguió la excarcelación bajo caución de 60 millones de pesos y ahora espera el juicio en libertad.
A principio de la semana pasada, la fiscal federal Fabiana León, que lleva adelante la acusación, hizo un planteo en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que exhorte a los jueces Enrique Martínez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del Tribunal Oral Federal 7, a que “de manera urgente” fijen fecha para el debate oral.
Según publicó Infobae, la fiscal León afirmó en su escrito ante el tribunal de alzada que “la dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad -y no privilegio- de los jueces”.
“Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad que este Ministerio representa”, señaló.