La conducción del
PJ Misiones, a cargo de los interventores
Gustavo Arrieta y
Máximo Rodríguez, nombrados por la titular del Consejo Nacional
Cristina Fernández (CFK) en febrero y ratificados ayer por el Congreso Nacional del partido, presentó este viernes la campaña de afiliación que se extenderá hasta el 20 de septiembre próximo.
La jornada pejotista se desarrolló en la sede del
Smata Misiones, el sindicato de mecánicos y afines, sobre la calle San Luis, que sirve de búnker de la intervención, hasta tanto las autoridades designadas por la conducción nacional puedan recuperar la sede partidaria de López y Planes, que tiene trámite judicial.
A las 17:00, se realizó el lanzamiento de la campaña de afiliación y una plenaria de agrupaciones partidarias, organizaciones sociales y sindicales; y referentes y dirigentes del peronismo misionero, con los interventores.
Entre los presentes, estuvieron el líder de Convergencia Justicialista,
Gonzalo Costa de Arguibel; la ex diputada nacional y principal referente de La Cámpora Misiones,
Cristina Brítez; el apoderado partidario
Alberto Albornoz;
candidatos del partido en el Frente Confluencia Popular por la Patria, como
Eduardo Gabriel Sánchez, del Smata Misiones, entre otros.
Al finalizar la tarde, Arrieta y Rodríguez ofrecieron una conferencia de prensa en la misma sede sindical, donde relataron los pormenores de la jornada, poniendo en valor la campaña de afiliación, y el alcance de la amnistía que la acompaña; como también lo relacionado con la suerte de la sede partidaria que, según sostienen, permanece ocupada por una familia con seis hijos, que aseguran fueron “intrusados” por la conducción desplazada, de
Myriam Comparín y el diputado nacional
Alberto Arrúa.
Pelito
“Esta es la tercera visita de acompañamiento y normalización al PJ Misiones”, situó Arrieta la jornada partidaria de hoy en el Smata.
Comentó que
en el cónclave del mes pasado en el club del gremio de mecánicos de la avenida Cabo de Hornos, se analizó y resolvió la campaña de afiliación lanzada hoy, y también la “necesidad de poder realizar una amnistía”.
Arrieta hizo un diagnóstico del estado de situación del partido en cuanto a cantidad de afiliados, y afirmó que el padrón actual del PJ Misiones “no se corresponde la identidad peronista de la provincia, que se materializó en la historia con varios gobernadores peronistas”.
“Pasamos de tener 135.000 afiliados a tener hoy un padrón que no llega a los 54.000”, ilustró. “No ha habido decisión ni voluntad de llevar adelante una política de inclusión y salir a afiliar”, acusó.
“Este proceso busca generar una apertura de los padrones y la posibilidad de que los misioneros y misioneras se vuelvan a afiliar al justicialismo”, dijo Arrieta.
Aclaró que “no se trata solo de números”, sino que “implica la discusión política, la búsqueda del debate interno; que todos los sectores se expresen dentro del partido, y que un peronismo de Misiones pueda definir en qué proyecto de país y de provincia quiere vivir”.
Explicó, en tal sentido, que el criterio de la amnistía es tan amplio que incluye a dirigentes como
, que fueron expulsados e hicieron carrera política como funcionarios de la Renovación, y se manifiestan hoy contrarios a la intervención del partido.
“Tienen la posibilidad de afiliarse todos aquellos que se perciben peronistas, que defienden la doctrina y las ideas del peronismo; que creen en la salud pública y la universidad pública; que defienden el presupuesto educativo, que creen que también que discutir una nueva estatalidad y realidad laboral, no implica la perdida de derechos”, argumentó Arrieta.
“Está abierto para todos, no hay que estar de acuerdo con los interventores para afiliarse”, afirmó.
“No queremos nadie quede excluido”, sintetizó, a su vez, Rodríguez, y aseguró: “Las afiliaciones son sin beneficio de inventario, como la antigüedad; estamos empezando de cero”.
Sobre la recuperación de la sede partidaria de la avenida López y Planes, Arrieta y Rodríguez, reiteraron que el tema continúa en la esfera judicial, donde la antigua conducción encarnada en Comparín y Arrúa enfrentan una denuncia penal por el desacato de la orden del Juzgado Federal para la entrega del edificio.
“Todo está en la Justicia”, señaló Rodríguez. “Cuando teníamos la orden aparecieron 12 uniformados y no dejaron ingresar a los apoderados, todo esto con orden judicial”, comentó
en la puerta del partido.
“Tuvimos que acudir al juez federal de turno, que era el de Eldorado, y emitió la orden que tampoco fue cumplida”, historió. “Y, oh casualidad, se retira la custodia y aparece una familia con seis menores que hoy ocupa la sede”, señaló.
Rodríguez afirmó que en ocasión del mitin renovador de hace dos domingos frente a la sede partidaria, el sector de Comparín y Arrúa “usufructuó el edificio, la puerta se abrió, se utilizaron los baños, se colgó propaganda de los balcones”.
“Esto quiere decir que siguen en poder de los accesos”, razonó Rodríguez.
“Nosotros queremos que la justicia restituya el edificio a los peronistas, para abrir la puerta y que entren todos, inclusive aquellos que no están de acuerdo con nosotros”, lanzó.
Arrieta, por su parte, opinó que lo que sucede en torno a la sede partidaria constituye una “subestimación a los peronistas misioneros”.
“Nos preocupa que se haya tomado el camino de la dilación y de las maniobras judiciales para no entregar la sede histórica del partido”, afirmó.
“Parecía el Pentágono, resguardado por todo un esquema de seguridad, y de repente se mete una familia con seis chicos”, planteó.
“Esto es un gesto de autoritarismo e implica el desconocimiento del funcionamiento institucional de los partidos políticos”, analizó.
“Nos preocupa la sede, pero más nos preocupan los votos a la Ley Bases de diputados que accedieron por la boleta de Sergio Massa y (Agustín) Rosi; nos preocupa la votación del paquete fiscal, que es un grave perjuicio para todo el país federal; nos preocupa el vergonzoso voto de los diputados misioneros apoyando el nuevo endeudamiento con el FMI”, señaló.